La corrupción estatal, el narcotráfico y la migración serán los principales desafíos del nuevo presidente de Guatemala, que gobernará de 2024 a 2028 y que será definido a partir de este domingo 25 de junio en las elecciones generales en el país centroamericano.

A ello se sumará la reconciliación del Estado con los derechos humanos, después de que en 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la incluyera en su capítulo IV al igual que a Venezuela y Nicaragua.

"Guatemala está bajo un retroceso grave y la mayoría de personas que juzgamos casos de corrupción y delitos de lesa humanidad hemos tenido que salir del país", dijo a EFE esta semana el reconocido exjuez de casos de alto riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien se encuentra exiliado por persecución en su contra.

Gálvez, con una amplia trayectoria en el país centroamericano, fue quien envió a juicio al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por corrupción y también manejaba un caso de alto impacto sobre delitos de militares en la guerra interna al momento de exiliarse.

Quizás el rasgo más marcado de la corrupción en Guatemala es la cooptación del sistema judicial, ya que el país centroamericano no ha renovado a sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro años, como establecía la ley.

Y está comprobado que su elección en 2014 (cuando tomaron posesión, hace casi 10 años), fue manipulada por el político Manuel Baldizón, quien recién volvió a Guatemala tras cumplir una pena por lavado de dinero en Estados Unidos.

"El sistema democrático está debilitado porque no se han elegido altas cortes, y el daño es muy difícil de remediar”, subrayó Gálvez.

Con una pobreza del 59 % de sus 18 millones de habitantes, incluidos casi un 20% de su población en pobreza extrema, el panorama no es alentador para Guatemala, uno de los países más desiguales del continente americano, según diversos organismos internacionales.

Debido a esa pobreza y hambruna, por la cual murieron 68 niños de desnutrición en 2022, y por la violencia que se cobra cada año la vida de al menos 4.000 personas, la población decide migrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Durante los últimos tres años, Guatemala ha visto cómo decenas de exfuncionarios y empresarios acusados de integrar redes de corrupción han sido dejados en libertad, mientras jueces y fiscales que estuvieron a cargo de estos procesos se ven obligados a salir al exilio.

Precisamente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la semana pasada que en Guatemala hay un evidente retroceso en materia de independencia judicial, mientras el periodista más reconocido y combativo del país, José Rubén Zamora Marroquín, se mantiene encarcelado desde el 29 de julio por un supuesto caso de lavado de dinero.

Uno de los contendientes a la presidencia, el diplomático Edmond Mulet, aseguró  en una entrevista, a principios de junio, que "combatir la corrupción y detener el deterioro del sistema democrático", son los principales desafíos que afronta el país centroamericano.

Las encuestas dan como favoritos a la exprimera dama Sandra Torres y a Mulet, con la hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, en un tercer lugar.

Sin embargo, sobre los tres principales candidatos los expertos coinciden en que hay más sombras que luces y una muestra son las alianzas de sus partidos políticos con el oficialismo en el Congreso durante los últimos cuatro años.

El ganador de las elecciones presidenciales heredará un Gobierno que descendió en el ranking mundial de corrupción y se ubica en las peores cuatro naciones del continente americano, según los datos de la organización Transparencia Internacional, difundidos en 2022.