Guatemala encara este domingo 25 de junio las elecciones más controvertidas de su historia desde la implantación de la democracia en 1986, con tres candidatos descartados arbitrariamente por las autoridades según expertos y con un tribunal electoral ampliamente cuestionado.

Las denuncias sobre un "fraude electoral" tuvieron sus primeros ecos desde enero pasado con dichas palabras del exprocurador Jordán Rodas, a quien vetaron su participación en los comicios y quien considera que "el próximo gobierno será ilegítimo", según apuntó esta semana.

Rodas era el postulante a vicepresidente de la líder indígena Thelma Cabrera, cuya candidatura fue denegada por el Tribunal Supremo Electoral, ante la posible inscripción del exombudsman.

Así fue como Cabrera, una de las favoritas para llevarse los comicios tras su sorpresivo cuarto lugar en las elecciones de 2019, quedó fuera de la contienda.

Y de la misma forma, en un hecho sin casi precedentes, la Justicia y el Tribunal Supremo Electoral derribaron también las candidaturas del empresario Carlos Pineda, líder de las encuestas, y del hijo del expresidente guatemalteco Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Roberto Arzú García-Granados.

"Sacándome a mí, que no soy aliado de la corrupción, su plan siniestro y macabro sigue", expuso tras su expulsión de la contienda Pineda, quien culpó al partido Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, por dejarlo fuera.

La mayoría de expertos coinciden en afirmar que, con el veto a Cabrera, Pineda y Arzú, los grandes beneficiados son las candidaturas aliadas al oficialismo y compuestas por Zury Ríos Sosa, Sandra Torres Casanova y Edmond Mulet.

"Si gana Zury Ríos la presidencia, los medicamentos van a seguir diez veces más caros; los abusos en la energía eléctrica van a seguir en aumento; el precio de la canasta básica con el privilegio de bancos y farmacéuticas va a seguir para arriba", aseveró Arzú García-Granados esta semana.

"Zury Ríos representa la corrupción es y la candidata del Cacif", añadió el hijo del expresidente, en referencia a la cúpula empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Sobre el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco hay fuertes dudas: uno de sus miembros titulares, Ranulfo Rojas, ha sido acusado en el pasado de corrupción y otro de ellos, Gabriel Aguilera, fue ministro de Trabajo durante el controvertido Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).

Las elecciones en Guatemala tendrán lugar el próximo domingo para definir al reemplazo de Alejandro Giammattei para el período 2024-2028, con 9,3 millones de personas habilitadas para emitir su voto.