Las multas y las obligaciones
Por una nueva oportunidad se hace evidente que la denominada Ley de Comunicación es un instrumento de persecución política, destinado a velar por los intereses de la función Ejecutiva, intentando sofocar el obligatorio trabajo crítico de los medios independientes.
No es entonces un hecho extraño que por cualquier motivo los diarios publicados por GRANASA se vean sometidos a las más absurdas razones para intentar justificar las multas a que han sido sometidos. Así, por el hecho de publicar una información relacionada con un criterio emitido por la Contraloría General de la Nación, diario EXPRESO fue acusado y multado por haber dado paso a una información sesgada sobre malos manejos en una empresa vinculada al sector petrolero.
Por supuesto, cuando desde el propio Gobierno se adjudican, admitiéndola, la denuncia de la corrupción en Petroecuador y algunas de sus empresas afines, ya no hay posibilidad de que se rectifiquen los procedimientos adoptados reconociéndolos injustos.
Ahora en cambio, y coincidiendo con publicaciones sobre corrupción realizadas en este diario, se multa a diario EXTRA por el supuesto incumplimiento del artículo 36 de la Ley de Comunicación, que dispone la publicación de contenidos denominados interculturales en el 5 % del espacio total de la edición.
Según las autoridades de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) a la aludida edición de EXTRA del 2 de marzo del presente año le faltó 1,4 % de lo estipulado por la ley y por ello se lo sanciona a pagar una multa de 153.000 dólares, que es la máxima establecida para ese tipo de faltas y que más bien que utilizada como correctivo frente a violaciones reales o supuestas de la ley, está destinada a lograr efectos intimidatorios o hasta recaudatorios.
En cualquier caso, queda fuera de toda duda que el procedimiento adoptado violenta el principio de proporcionalidad cuando establece las sanciones máximas a presuntas violaciones mínimas.
Si bien lo aquí expuesto ha devenido en una frecuente actitud sancionatoria, no por ello las publicaciones de GRANASA dejarán de protestarlas y repudiarlas como atentatorias a la libertad de expresión y, presumiendo el ánimo de acallar la obligación de denunciar actos dolosos, reitera ante sus lectores su permanente compromiso de así continuar haciéndolo, en bien de todos.
