Las multas, altas pero eficaces

El monto de las multas de tránsito ha generado protestas de ciudadanos que las consideran excesivas. En un momento, dividió los criterios de la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Ha llegado incluso a instancias judiciales, con reclamos de activistas que se dicen vulnerados en sus derechos. Y ahora, el tema ha sido incluido en la campaña electoral por la Alcaldía porteña, por candidatos que ofrecen reducir las sanciones.

Al respecto, la postura del Municipio y de la ATM es conocida. El alcalde Jaime Nebot defiende los rubros implementados a través de ordenanzas citando cifras y logros conseguidos en el control de las infracciones de tránsito; aunque los valores que se imponen igualen y hasta superen el sueldo básico ($ 394).

“La forma de no cobrar multas es poner multas altas, porque cuando se pone una multa baja, la gente piensa que es más útil pagar la multa y violar la ley”, ha argumentado Nebot en reiteradas ocasiones.

Al margen de los discursos, la única manera de saber si las multas tienen o no el carácter disuasivo que busca el actual gobierno local es que exista un estudio técnico que devele qué tipo de infracciones se han eliminado o reducido, advierte el legista y analista político Xavier Flores Aguirre.

“Se habla mucho del tema de una forma empírica y no existe ninguna información, aunque se asuma que han mejorado algunos escenarios en el tránsito, como no parar en la calle Boyacá (céntrica y paso obligado de la metrovía), pero también es cierto que la cultura vial no ha cambiado radicalmente”, sostiene.

En 2015, la ATM estableció varias sanciones representativas: un salario básico por invadir el carril de la metrovía, el 50 % de este por bloquear las intersecciones en la calle Boyacá y el 10 % por invadir el paso cebra. Otro 15 % del sueldo se aplica a quien no use cinturón de seguridad.

Xavier Iglesias llegó un jueves al mediodía al Centro de Solución de Conflictos de la ATM con un gesto en su rostro de molestia y apuro. Se había tomado la hora del almuerzo, para que su ausencia no afectase su trabajo. Debía resolver ese inconveniente que la noche anterior no le permitió conciliar el sueño con facilidad. A su correo le había llegado el aviso de que debía pagar un sueldo básico por invadir, con su automóvil, el área de personas con discapacidad.

“Fue mi esposa. Pero ella se parqueó a las once de la mañana cerca del Mercado Central, sin embargo el correo dice que fue a las ocho de la noche cerca del Malecón 2000. Ante esa información errada vengo a impugnar”, contó el hombre, quien considera que pagar un sueldo básico por la infracción sería disminuir gran parte de sus ingresos. “Un cobro bastante alto para la gente pobre”, insistió el conductor.

Con este escenario, los principales reparos son de proporcionalidad. “Habría que determinar si las multas satisfacen el propósito o simplemente son extractivas, y de ser el segundo caso, se tendría que ordenar que se las rebaje”, aconseja Flores.

La ATM, sin embargo, tiene estadísticas que aseguran que todas las medidas implementadas desde el Cabildo y a través de la ley han rendido frutos.

Christian Rochina García, director de Estadísticas de la ATM, explica, por ejemplo, que en mayo de 2018 hubo 2.958 vehículos que cometieron la infracción de estacionarse en lugares no permitidos, mientras que en febrero de este año solamente hubo 553 casos (ver recuadro superior).

El rubro de las multas representa el 24 % del presupuesto de la ATM (146 millones de dólares) y se distribuye en “proyectos emblemáticos”: señalización horizontal y vertical, instalación de intersecciones y mantenimiento e integración semafórica, temas de enlace para gastos de telecomunicaciones y hasta la aerovía (como explica el recuadro inferior).

El urbanista especialista en movilidad Carlos Jiménez observa que es necesario que la ATM sea transparente en socializar el destino que tiene el dinero de las multas, para saber en qué es invertido. “No hay evidencia objetiva, o al menos no se han socializado o no se ven objetivos, planes ni iniciativas aplicadas”, expresa.

En tanto, el experto en tránsito Carlos Salvatierra coincide. “Mientras se reciba información de un solo ente, no habrá un cambio significativo. Debe existir un observatorio ciudadano de la movilidad, con autonomía financiera y de gestión, donde se muestren indicadores técnicos y comprobables. No hay participación ciudadana ni académica”.

Sugiere, por eso, que el Municipio, con toda la infraestructura que tiene, entregue las facilidades, voz y voto, para que exista un organismo así.

Y si bien considera que no conviene bajar los montos, cree que es mejor enfocarse en que la ATM mejore la señalización, evitar las multas injustas por confusión o, en el peor de los casos, por accidente. “La discusión no debería estar en el monto, sino en las mejoras de infraestructura”, opina.

ACCIÓN LEGAL

Una pelea que parquea en la Corte Constitucional

Jorge Sosa asegura ser el único abogado en Guayaquil que ha entregado, junto al activista político Félix Pilco, una acción de protección contra la ATM ante la Corte Provincial del Guayas, por el cobro de las multas a través de ordenanzas municipales. La acción fue negada en dos ocasiones.

Ante eso, Sosa presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Exige allí que la ATM cumpla en calcular las multas de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, y que, en contraste, aquello se haga acorde a la realidad del ecuatoriano.

Sosa precisa que hay sanciones y normas, en cuanto a infracciones en el tránsito, como exceso de velocidad, pasarse la luz roja del semáforo, no colocarse cinturón de seguridad y otras, que ya están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; y que por lo tanto están por encima de las ordenanzas que los cabildos puedan desarrollar ante el tema.

“Existen infracciones como invadir carril, cuya multa dictada en el COIP es mucho menor que la que establece la ordenanza, que señala el pago del 100 % de un salario unificado”. Ante esto, propuso que el Municipio siga calculando las multas de acuerdo con lo que establece la ley.

“Que se abstenga de crear nuevos tipos penales y multas a través de ordenanzas y que para el cálculo de las ordenanzas se tome en cuenta que siempre es una fracción de la remuneración unificada y que jamás una multa puede ser del 100 % o del 150 %”, argumenta.

Además, el constitucionalista no solo critica la posición del Municipio en cuanto a las multas, sino también de la ATM. “Andrés Roche tiene una idea errada de que la ATM es una especie de papá o de maestro que nos enseña cómo comportarnos”, dice, destacando que en la legislación ecuatoriana las multas no son disuasivas, sino proporcionales a la infracción.