MSP e IESS deben $ 270 millones a clínicas que hacen diálisis en Ecuador
Crisis por deuda del IESS y MSP con dializadoras: pacientes sin tratamiento impusieron una acción de protección. Más detalles
Con rostros marcados por el cansancio, la indignación y el temor, pacientes renales provenientes de varias provincias del país se concentraron desde tempranas horas de este jueves en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito. La protesta, que coincidió con la audiencia de una acción de protección interpuesta por los propios afectados, tiene un objetivo urgente: exigir al Gobierno y a las entidades de salud que salden la millonaria deuda que mantienen con las clínicas privadas que brindan tratamientos de diálisis.
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Según datos presentados por los pacientes y sus representantes legales, el Ministerio de Salud Pública (MSP) adeuda aproximadamente 200 millones de dólares a las casas de salud que prestan estos servicios, mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) acumula un saldo pendiente de cerca de 70 millones de dólares. Esta falta de pago, aseguran, ha generado una crisis sanitaria que pone en peligro directo la vida de más de 10.000 pacientes renales, quienes dependen de sesiones constantes y completas de diálisis para sobrevivir.
“Nos están condenando a morir lentamente”
Gabriela Álvaro, vocera del colectivo de pacientes renales, explicó con preocupación que la falta de recursos ha provocado una reducción alarmante en la calidad y frecuencia de los tratamientos. “Nos han disminuido las sesiones de diálisis, recortado el tiempo de cada terapia, eliminado la entrega de medicamentos y suspendido los exámenes médicos esenciales”, denunció.
Álvaro subrayó que, para muchos pacientes, ahora es una lucha semanal reunir los insumos básicos –cuyos costos pueden variar entre 30 y 70 dólares– necesarios para realizarse la diálisis. “Las clínicas no tienen cómo sostenerse sin el pago del Estado. Esto ha llevado a cierres, despidos y reducción de atención. Los pacientes están falleciendo. Es mentira que nadie muere por insuficiencia renal. Muchos mueren conectados a sus máquinas, sin tratamiento adecuado”, sentenció.
En Ecuador, la insuficiencia renal fue declarada enfermedad catastrófica en 2008, lo que implica que el Estado debe garantizar su cobertura. Sin embargo, la capacidad pública es limitada: el 88 % de los tratamientos se derivan a clínicas privadas, que hoy enfrentan serias dificultades para seguir operando.
Vidas al borde del colapso
Gloria Bedoya, asistió al plantón visiblemente afectada. Hace tres años fue diagnosticada con enfermedad renal crónica. “Fui auxiliar de limpieza, el sostén de mi familia. Tuve que dejar de trabajar. Esta enfermedad es una condena, y lo único que pedimos es que paguen a las clínicas. Sin diálisis no podemos vivir”, relató.
Gloria necesita ocho medicamentos al día, pero hoy apenas puede acceder a una parte. “La diálisis debe hacerse tres veces por semana, cuatro horas cada vez. Hay compañeros que ya reciben solo una o dos sesiones. Si dejamos de dializarnos, nuestra vida se apaga poco a poco”, afirmó.
Desde Guayaquil llegó Wilmer Basurto, quien también depende de la diálisis para mantenerse con vida. Denunció que en su ciudad varias clínicas ya han cerrado por falta de pagos, y otras operan con recursos humanos mínimos. “Estamos al borde de la muerte. Hemos tenido reuniones con el Gobierno, pero no hay respuestas. Necesitamos que se apruebe esta acción de protección para salvar nuestras vidas”, declaró.
Basurto sostuvo que pacientes en su misma situación han fallecido en espera de medicamentos o por recibir sesiones incompletas. “No es justo que tengamos que mendigar por algo que debería estar garantizado. Esta es una enfermedad costosa y silenciosa, pero nos está matando por falta de atención”, enfatizó.
Una deuda con nombre y apellido
El colectivo de pacientes estima que en el país existen cerca de 19.000 personas que requieren diálisis, de las cuales aproximadamente 7.000 están afiliadas al IESS y el resto al MSP. De ese total, al menos 10.000 pacientes están afectados de forma directa por la falta de pagos, ya que dependen exclusivamente de clínicas privadas.
El Estado, por mandato legal y constitucional, debe garantizar el derecho a la salud, especialmente en casos de enfermedades catastróficas. No obstante, el incumplimiento de pagos y la falta de planificación financiera han desembocado en una situación crítica.
La audiencia de acción de protección, prevista para las 09:30 de este jueves, representa un recurso extremo ante la inacción gubernamental. Los pacientes esperan que el juez ordene medidas urgentes que obliguen al MSP y al IESS a cumplir con sus obligaciones económicas, y con ello garantizar la continuidad de los tratamientos.
