En Ecuador, la gestión de datos digitales de personas fallecidas destaca la necesidad crítica de regulaciones legales específicas. Aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos aborda aspectos de privacidad, la falta de directrices específicas para el manejo de información post mortem ha creado un vacío legal que requiere atención urgente.

La legislación ecuatoriana reconoce los derechos post mortem al conceder a los causahabientes ciertos derechos sobre la información del difunto, como el acceso, rectificación y eliminación. Sin embargo, estos derechos, aunque reconocidos, enfrentan desafíos en su aplicación práctica, planteando interrogantes sobre la efectividad de su ejercicio.

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El abogado Pablo Solines Moreno, experto del cuerpo de la Asociación ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD) asegura que los familiares o amigos de la persona fallecida sí sostienen derechos particulares sobre la información, especialmente cuando afecta el honor del difunto.

“La legislación ecuatoriana reconoce los derechos post mortem al permitir que los causahabientes ejerzan ciertos derechos sobre la información de un difunto, como el acceso, rectificación y eliminación” Sin embargo, Solines también reconoce que aunque se han conquistado derechos, aún hay mucho camino que recorrer en materia legal.

“Aunque la Constitución reconoce el derecho a la protección de la imagen de una persona fallecida, la falta de desarrollo legal y normativo secundario ha dejado un vacío en la aplicación efectiva de este derecho”, afirma.

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La brecha entre los derechos constitucionales y la realidad legal destaca la complejidad en la protección de la imagen de una persona fallecida. La falta de desarrollo legal y normativo secundario ha dejado un vacío en la aplicación efectiva de este derecho, resaltando la necesidad apremiante de legislación detallada y específica que aborde las complejidades inherentes a la herencia digital. 

La autorización para el uso de datos post mortem recae en la familia, según las reglas de sucesión del Código Civil. Sin embargo, la capacidad previa del difunto para expresar sus deseos mediante declaraciones o documentos privados subraya la importancia de la planificación anticipada, especialmente para evitar ambigüedades y conflictos familiares.

“La posibilidad de reclamar por el uso indebido de información de personas fallecidas está condicionada a situaciones específicas, como afectaciones al derecho al buen nombre. Las acciones legales se centran en proteger derechos diferentes de los datos personales, destacando la necesidad de una cobertura más amplia en las normativas”, concluye.

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“La familia puede tener la autorización para el manejo de datos post mortem, pero la relevancia de la planificación anticipada se acentúa aún más al considerar la capacidad previa del difunto para expresar sus deseos en documentos electrónicos o privados. En este contexto, resaltamos la importancia de realizar y planificar con anticipación esta gestión para evitar problemas a futuro”. La situación actual en el país demuestra una complejidad inherente a la gestión de la información digital de personas fallecidas.

La carencia de regulaciones específicas genera incertidumbre en este ámbito, por lo que resulta imperativo desarrollar legislaciones actualizadas y bien definidas para asegurar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y las necesidades de los causahabientes.

“La planificación anticipada y la claridad legal se perfilan como elementos cruciales para superar los desafíos y establecer un marco ético y justo para la herencia digital”, agrega el abogado.

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

En la actualidad, diversas plataformas, servicios en la nube y redes sociales han implementado funciones que permiten a los usuarios designar un heredero digital mientras están en vida. Esta medida innovadora ofrece a las personas la posibilidad de gestionar proactivamente el destino de sus activos digitales después de su fallecimiento. 

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Al asignar un heredero, los usuarios pueden especificar cómo desean que se maneje su información, cuentas en línea y otros activos digitales. Para ello, los expertos sugieren crear una lista de todas las cuentas y sus respectivas contraseñas. Este inventario debería ser accesible para una persona de confianza en caso de fallecimiento. 

El heredero deberá proporcionar una dirección clara sobre los deseos del fallecido con respecto a la gestión de sus datos digitales, evitando posibles conflictos que perpetúen una violación a la información privada del finado y malentendidos entre familiares y amigos.

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