La Federación Médica Ecuatoriana (FME), que agrupa a los colegios provinciales de médicos; y la Alianza Nacional por la Salud (ANS), que reúne a a colectivos de pacientes de enfermedades raras y catastróficas, cuestionan la calidad de los medicamentos importados que adquiere el sistema público de salud, así como de los que se expenden en el mercado local.

Los primeros coinciden a su vez con otros actores del sector de la salud, como exministros del ramo, gremios de clínicas privadas y productores farmacéuticos locales, al señalar que las medicinas importadas obtienen el registro sanitario con solo la presentación de documentos y no porque haya un análisis de laboratorio que certifique su composición y efectividad.

La entidad a cargo de eso es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). En una publicación anterior, el coordinador de Certificaciones, Milton Zambrano, señaló que la revisión solo documental se hacía antes, pero que ahora efectúan un análisis ‘posregistro’, que da prioridad a los fármacos de mayor riesgo.

Señaló que en el país hay unos 14.000 fármacos con registro sanitario, la mayoría de ellos importados. Ante el pedido de este Diario, ofreció facilitar la cifra de los que han sido analizados hasta ahora por la Arcsa, pero eso no se concretó.

“La Arcsa tiene que garantizar que los medicamentos que son distribuidos en nuestro país cumplan con la especificidad farmacológica, con las moléculas correspondientes y el miligramaje. Porque puedo recibir una tableta de 500 miligramos según el estuche, pero en realidad estoy tomando una de solo 200 miligramos”, dice Wilson Tenorio, el titular de la Federación Médica Ecuatoriana.

Agrega que la falta de esa verificación y control afecta al paciente porque no recibe un tratamiento médico efectivo y, por el contrario, en el caso de antibióticos o antibacterianos, la consecuencia es que crean resistencia al producto. Lo que a la larga es un perjuicio para el Estado.

Otro efecto de ello es que causan recaídas o retrocesos en el control de algunas enfermedades catastróficas o raras, según han denunciado los colectivos de pacientes. Margarita Vásquez, dirigente de la Fundación de Ayuda a Enfermos de Trastornos Hipofisiaros (Faeth), asevera que eso está ocurriendo con la octreotida de origen indio que actualmente les entregan.

Gustavo Dávila, presidente de la ANS, dice que hay entidades públicas que empezaron a comprar los fármacos basándose en el bajo precio de estos y no en la calidad. En algunos casos, se trata de medicinas que no cumplían con los estándares requeridos, lo que causa efectos colaterales a los pacientes.

“Ya no es como antes. Para obtener el registro sanitario se pasaba rigurosamente por un cedazo, por una serie de monitoreos. Por eso hemos pedido desde hace bastante tiempo que el Inspi vuelva a tener las facultades iniciales de regulación, control de calidad para el registro sanitario y, sobre todo, para tener la seguridad farmacológica de que el medicamento que se está suministrando sea realmente beneficioso para el paciente”, insiste Tenorio, aludiendo al Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (Inspi), que se derivó del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, de Guayaquil.