En relación al Proyecto de Ley de Medicina Prepagada, que al momento de escribir este artículo, la Asamblea conoce el veto del Ejecutivo, creo necesario hacer los siguientes comentarios:

La Seguridad Social en el Ecuador está concebida dentro de los derechos del buen vivir, es un derecho consagrado constitucionalmente que no puede renunciarse. Siendo así, el Estado asume la obligación de garantizarlo en forma directa a los ciudadanos, siendo esa su responsabilidad.

Para ello el sistema es autosustentado en forma tripartita, esto es por el Estado, que es quien debe prestar el servicio por mandato constitucional; el empleador y el trabajador. Cada uno de ellos aportando en el porcentaje que legalmente le corresponde.

Otro de los derechos garantizados a los ciudadanos es la libertad, y entre ellas la libertad de emprender, de contratar, siempre que esta se realice dentro del marco de la ley. En ese sentido, un ciudadano que ha cumplido con su aporte al IESS puede libremente contratar otro seguro por el cual, dentro del ejercicio de su libertad contractual, acuerda con una prestadora de servicio de medicina prepagada un contrato de cobertura de salud. Es decir, más allá del derecho que el Estado le ha garantizado, puede pactar legalmente un seguro privado para su atención médica y la de su familia.

Al necesitar atención médica, puede ese ciudadano optar por el sistema de salud pública, que de manera obligatoria la debe el Estado por mandato constitucional, siendo además un sistema por el que ha pagado con su aporte para su sustentación; o, puede en uso de su contrato utilizar su seguro privado, el cual se financia con el valor que se haya pactado entre los particulares por servicios lícitos garantizados.

En conclusión, como puede notarse cada sistema tiene condiciones y formas de financiamiento distintas, que hacen que nada se deban un sistema al otro por la prestación de un servicio de salud al ciudadano, ya que al tener origen diferente, tienen responsabilidades propias establecidas en la normativa vigente.

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