La desinformación (en su versión en inglés ‘fake news’) no es nada nuevo, ha existido siempre pero de formas diferentes. Lo novedoso es su magnitud, la forma, la rapidez y la focalización de su diseminación y, desde luego, que se haya convertido en un arma política.

La desinformación no es solamente una mentira o el resultado de que la población pasó de ser consumidora pasiva a generadora de contenidos. Más bien, la desinformación tiene una intención: provocar un determinado efecto. Es coordinada por una o varias personas con un objetivo muy claro: invitar a la audiencia a actuar y por esta vía, obtener un beneficio político.

La Unión Europea está muy comprometida en la lucha contra este fenómeno y tiene en su agenda el objetivo de crear un sistema de protección para los procesos democráticos, no solo cuando hay elecciones, sino también para proteger el debate público. No es nada fácil, sobre todo cuando se busca un equilibrio entre la manipulación del público y la libertad de expresión, conscientes de que cuando se comienza a limitar lo que las personas pueden o no decir se estaría cruzando la línea hacia la censura.

Entonces, ¿cómo? Una de las acciones para desmentir es informar correcta y sólidamente, comunicar y hacerlo bien: sobre su propia organización, persona o estado. La idea es luchar contra desinformación y contra aquellos que desinforman con sus propias herramientas. Pero para conseguirlo hay que invertir y analizar. Con este propósito, trabajamos más y más con el mundo académico.

Otra acción que hemos fomentado en la Unión Europea es la intensificación de la cooperación internacional. La colaboración entre los Estados y la posible regulación de los flujos de esas informaciones son algunas de las alternativas que nuestros países miembros discuten para enfrentar el auge de este fenómeno.

En un mundo globalizado, la desinformación no se detiene en las fronteras. Por este motivo, buscamos que las grandes plataformas de redes sociales (Facebook, Google, Twitter...) se comprometan y se adhieran voluntariamente a un código de prácticas. Este código busca incrementar la transparencia, por ejemplo, en lo que se refiere a las advertencias políticas.

Adicionalmente, trabajamos también para que la ciudadanía tenga herramientas para distinguir las noticias falsas y, sobre todo, de dónde vienen y cuál es la intención de aquellos que las diseminan.

Finalmente, apoyamos a redes de periodistas para que puedan compartir información unos con otros con el fin de que puedan revisar y contrastar que la información sea correcta y no una realidad manipulada.

Todas estas respuestas son válidas e importantes, pero es claro que estamos solamente en el inicio de un reto relativamente nuevo y mucho más preocupante para nuestras democracias de lo que nos imaginábamos.

Falta todavía mucha reflexión, investigación y acción.