Una por otra. La orden de detención que pesaba sobre Sandra Arcos Astudillo, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales, fue finalmente cesada, pero a cambio de otra. El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, consideró inoficioso pronunciarse sobre el pedido de revocatoria que se hacía de esa medida, dado la prisión preventiva que dispuso en contra de la empresaria, en la audiencia de vinculación que se desarrolló el pasado 3 de julio, dentro del proceso penal que implica a funcionarios de la Prefectura del Guayas y proveedores, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La medida cautelar fue emitida también para Javier Alejandro Vélez Arcos, hijastro de Morales; y Kerly Lisbeth Moyano Carbo, funcionaria del Gobierno Provincial.

Ayer, el titular de la Corte emitió las nuevas boletas y dispuso a la Policía Nacional la localización y captura de los procesados, quienes fueron vinculados al caso por pedido de la Fiscalía Provincial del Guayas.

Los vinculados son amigos y familiares del fallecido prefecto Morales, quienes -según la fiscal Yanina Villagómez- “se hicieron adjudicar contratos a través de empresas en las que eran accionistas y propietarios.

Según los fundamentos de la Fiscalía, Arcos Astudillo es propietaria de la compañía Recreate Comunicaciones S.A., vinculada con la empresa Impoferrcop S.A., que celebró contratos con la Prefectura. Vélez Arcos, su hijo, es investigado por su vinculación con la compañía Talleres Multimarcas Auto Star S.A. Palmasa, una empresa en estado pasivo en la que consta como accionista, vinculado además con la compañía Zerazamid S.A., que también celebró contratos con la Prefectura, para la adquisición de insumos que se utilizaron en el auge de la pandemia.

“Los ciudadanos fueron miembros del núcleo familiar de la máxima autoridad provincial”, y suscribieron contratos con Kerly Moyano Carbo, quien se desempeñaba como coordinadora provincial de Compras Públicas y quien además procedió a la terminación del mismo contrato, añadió la fiscal provincial.

“Es abusivo lo que han hecho con ella”, dijo Carlos Luis Sánchez, abogado de Sandra Arcos, al reiterar que la empresaria está “restringida de su libertad”, lo que le impide defenderse. “Nadie en sus cabales se presentaría a rendir una versión libre y voluntaria con una orden de detención girada en su contra”, expresó el jurista al negar que su clienta haya suscrito algún contrato con la Prefectura del Guayas.

“El supuesto fundamento de la decisión de la Fiscalía de vincularla al proceso es porque una compañía en la que ella es accionista tiene el mismo número de teléfono y contadora registrados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) que otra compañía ajena que sí habría suscrito un contrato con la Prefectura”, aseguró Sánchez.

Jorge Calero, abogado de Moyano, también rechazó los argumentos de la fiscal Villagómez. “Ella jamás firmó la terminación del contrato porque simplemente hubo una delegación (...). Ella jamás ha actuado en forma dolosa o se ha aprovechado de un bien a título personal o a una tercera persona haya beneficiado”.

Calero anunció que apelaron la resolución del presidente de la Corte y consideró necesario que la Fiscalía le tome la versión a Moyano, “para que ella aporte en la investigación porque hay noticia importante en ese sentido”.

La defensa de Vélez remarcó que su defendido no es funcionario público y que la Fiscalía no ha mostrado nada” de la vinculación que tendría con los contratos que se suscribieron para la compra de insumos para enfrentar la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno, el 16 de marzo del presente año, por la COVID-19.

Una emergencia que fue aprovechada por autoridades de todo nivel, que ahora son investigadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, la que fue creada justamente para perseguir estos casos de corrupción que surgieron especialmente durante la pandemia.

Allanamiento

La punta que desató el ovillo

A finales de mayo, la Fiscalía General del Estado allanó las instalaciones de la Prefectura del Guayas para recabar información de presuntas irregularidades en contratos que se habían suscrito con empresas, cuyos propietarios o accionistas tenían supuestos vínculos con el fallecido prefecto Carlos Luis Morales.

Medidas

El detalle

Prohibido. También se prohibió enajenar bienes inmuebles de los procesados, transferir acciones y se retengan dineros que tengan los procesados.

Un cambio de decisión

El mismo delito, pero con otros procesados y otras circunstancias. Esta vez, el presidente de la Corte de Justicia de Guayaquil decidió ordenar la prisión preventiva a los vinculados al caso. Una decisión distinta a la que tomó con los primeros procesados, como el fallecido prefecto Morales, quien tenía medidas sustitutivas a la prisión.