Ley urgente, aprobada a pulso
El Gobierno complació a los socialcristianos y obtuvo su apoyo. CREO no logró preservar el techo de la deuda y se abstuvo. Hubo también agendas personales.
Nomás faltaba media hora para el inicio de la sesión y asambleístas de todas las bancadas daban la voz de alarma: no hay votos para aprobar la Ley de Fomento Productivo. En efecto, a las 13h30 los desacuerdos parecían irreductibles. Seis horas después, con el apoyo de SUMA y los socialcristianos, la abstención de 4 y la oposición correísta, el Gobierno lo había logrado. ¿Cómo ocurrió el milagro? Los detalles son de melodrama.
Para empezar, poco o nada tuvo que ver el largo debate que se desarrolló en el salón del Pleno. Pesaron más los acuerdos y negociaciones que se dieron justo atrás, al otro lado del vidrio antisonido, en uno de los cubículos de prensa conocidos aquí como “peceras” y donde, por esta vez, una docena de asesores de la Comisión de Desarrollo Económico y del Ministerio de Finanzas trabajaban sin descanso entre las presiones y el caos. Y seguramente también fueron determinantes las conversaciones que, en alguno de los pisos altos, mantuvo el secretario de la Política, Paúl Granda, con representantes de distintos bloques.
¿Conversaciones? ¿Qué conversaciones? “Yo no he hablado con él”. “Ni yo”. “Ni yo”. Todo el mundo lo negaba. Lo cierto es que el funcionario llegó por la mañana, tratando de pasar inadvertido, y no se movió de ahí hasta asegurar el resultado.
La mayoría de acuerdos y de reformas al texto original enviado por Lenín Moreno habían sido ya asegurados en la Comisión y durante el primer debate. Quedaban unos pocos puntos de conflicto. Innegociables. Para los socialcristianos, la propuesta de gravar con el impuesto a la renta los sueldos décimo tercero y décimo cuarto de los ciudadanos con ingresos mayores a los 100 mil dólares. Para CREO, la eliminación del techo de la deuda pública durante un período de tres años, hasta conseguir la estabilidad económica y el déficit cero. A Paúl Granda y al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, les bastó con complacer a los primeros.
Interminable desfile de asambleístas por la pecera, donde Albornoz se multiplica entre asesores. Los socialcristianos Luis Fernando Torres y Henry Kronfle se demoran ahí en la redacción de un texto y Gabriela Rivadeneira, a dos metros de distancia al otro lado del vidrio, denuncia quiénes son los nuevos aliados del Gobierno.
La verdad es que muchos van allá nomás a verificar la redacción de ciertos artículos. Otros, sin embargo, tienen su propia agenda. O la de sus amigos. A Jorge Yunda le preocupa que, en al artículo que dispone la remisión de intereses y multas del SRI, consten específicamente las ligas barriales como beneficiarios. Le explican que no hace falta, que todos están incluidos. No se convence. Va en busca de un asesor. Le insisten. No se la cree. Finalmente, hace una llamada: “Marco querido, ya no serían 70 mil”. Por si las moscas, a la hora de votar, se ausenta.
Hablan y hablan los asambleístas en el Pleno pero lo importante ocurre en la pecera. Algo impone el enviado del ministro de Finanzas Richard Martínez a Albornoz y este se lo traga con vinagre. “¡Qué huevada! -deja caer un fajo de papeles sobre la mesa-, ¡dile al Richard que estoy cabreado!”.
Cabreado o no, así queda el texto. Y para asegurarse el apoyo socialcristiano, Albornoz propone un sistema de votación diseñado específicamente para ellos: primero se votará por toda la ley menos el artículo que a ellos no les gusta. Luego, se votará solo ese artículo. Se aprueba la ley, se niega el artículo y la algarabía se prende en la pecera y en los pisos altos.
Una moción olvidada
Patricio Donoso (CREO) mocionó que la ley fuera votada por capítulos. Así salvaba el voto de su partido, que apoyaba el proyecto con excepción del artículo referente al techo de la deuda pública. Como al final sus votos no fueron necesarios, la presidenta Elizabeth Cabezas ignoró la moción, que estaba obligada a someter a votación, y CREO se abstuvo.
