“Lo que ocurrio posteriormente”
Teniendo claro que una de las múltiples manifestaciones de la corrupción imperante en países como el nuestro se vincula también a las acusaciones temerarias y al manejo sesgado de los organismos de control, máxime cuando existe mayoría en la Asamblea Legislativa, tal cual ocurre en el Ecuador, no deja de ser digno de análisis editorial lo sucedido con las “novedades” encontradas en el examen efectuado a un contrato suscrito en diciembre del año 2011 entre el director general del Consejo de la Judicatura de Transición y el apoderado especial de la empresa Indra Sistemas S.A., destinado a la implementación (sic) de un sistema de información judicial para el Consejo de la Judicatura.
En dicho examen se determina que, en razón del conjunto de irregularidades encontradas, se ha ocasionado un perjuicio a dicho Consejo al recibir y cancelar USD 23’760.000, por un Sistema de Información Judicial que no fue implementado y no se encuentra en marcha a nivel nacional.
En defensa de uno de los funcionarios glosados, su abogado arguyó que las pruebas del sistema se hicieron conforme se había previsto en el contrato, agregando: “Las pruebas funcionaron. Por eso se recibió. Lo que haya ocurrido posteriormente ya no depende de eso”.
Así estamos. Si se dejan pasar impunemente situaciones como la descrita, el fin de fiesta que se avecina será digno de la antología mundial del cinismo, de la desvergüenza.
Sin duda, desde el Gobierno central, que ha pedido a la ciudadanía que denuncie los actos de corrupción, acción que además es mandato constitucional, no cabe que se mire para otro lado y se pretenda echar tierra sobre un asunto que siendo atinente al Consejo de la Judicatura la dejaría, de no establecerse sanciones, sin autoridad moral en el ejercicio de sus altas funciones en la Administración de Justicia, entre las cuales consta el “velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”.
A riesgo, dadas las malas experiencias en denuncias realizadas sobre la base de informes de Contraloría, EXPRESO cumple una vez más con la defensa de los altos intereses de la nación, pues además del ya aludido mandato constitucional, hacerlo constituye esencia de su razón de ser institucional, sustento, entre otros, de la inclaudicable promoción de la libertad de expresión.
