“Nada de lo que hizo el CNE transitorio esta escrito en piedra”

- Si bien quieren dar la vuelta a la página cabe aclarar, ¿a qué se refería la consejera Esthela Acero cuando habló de que encontró “pactos por fuera” del CNE?

- La pregunta debería ser contestada por ella, porque tratar de interpretar lo que quiso decir no sería ético. Si tuvo algún tipo de información de que algo así sucedió tendría que decirlo de forma abierta. Pero si se refiere a la elección de autoridades del CNE, en los cuerpos colegiados se llegan a acuerdos y si no hay unanimidad, la mayoría gana y hay que aprender a respetar los resultados en democracia.

- Otro reclamo, del consejero Luis Verdesoto, fue que el traspaso de información con el CNE transitorio no fue el adecuado, ¿por qué evitar una reunión con los anteriores consejeros?

- El jueves nos reunimos con los tres consejeros que fueron parte del transitorio (Gustavo Vega, Camila Moreno y Alberto Molina) y avanzamos en algunos temas e inquietudes que se plantearon en ese momento. Es más, acordamos una agenda de trabajo, por el tiempo que fuese necesario, para subsanar cualquier inquietud.

- Recién al tercer día de posesionados se evidenció un ambiente de distensión entre los consejeros, ¿cuál fue el acuerdo?

- Es que ventajosamente todos coincidimos en un principio fundamental que se venía diciendo en el discurso, pero que había que trasladarlo a la práctica. Debemos ser respetuosos de las diversidades, de la opinión diferente porque vivimos 10 años pasados en los que se buscaba imponer un pensamiento hegemónico, incluso por sobre la independencia de las funciones del Estado.

- Usted fue parte del CNE transitorio, ¿por qué decidieron aprobar con premura, por ejemplo, la conformación de las juntas provinciales electorales y no dejaron ese trabajo al definitivo?

- Al inicio el transitorio pensó en esa posibilidad, por respeto a las nuevas autoridades para que ellos tomen las decisiones con calma, pero revisando la normativa vimos que antes de llamar a elecciones las juntas tenían que estar ya constituidas y coincidía que casi al mismo tiempo que nos posesionábamos los definitivos, había que hacer la convocatoria.

- ¿La premura del tiempo justifica conformar juntas electorales que suman cuestionamientos?

- Nada está escrito en piedra, luego de la nominación de los vocales se abrió la etapa de impugnaciones y cualquier cosa que tenga que ser ajustada se lo hará en algunas provincias. Esa fue la situación, no hubo ningún interés personal, solo cumplimos con la ley. La próxima semana revisaremos los perfiles, afinidades que pueden tener las personas que están en las juntas provinciales.

- ¿El resto de resoluciones tomadas por el CNE transitorio está sujeto a revisión?

- Todo está sujeto a revisión y a cambios si es necesario y por eso era justamente necesario, después de la posesión en la Asamblea, definir las autoridades del CNE, que son las que tienen la capacidad de convocar al Pleno y para empezar a revisar las decisiones, procedimientos, el calendario electoral.

- A los días de posesionado, el CNE transitorio habló de que se encontró gastos y situaciones sospechosas en la entidad. Luego eso se diluyó, ¿qué pasó?

- La voz oficial, certera, imparcial, sin inclinaciones de ningún tipo, afectos o desafectos es el informe de auditoría de la Contraloría que estamos esperando. Se había previsto tener un informe previo hace algunos días, pero por la transición esto está en espera y creo que en los próximos días vamos a tener ese avance y contar con la primera información de este examen especial.

- La expresidenta del CNE, Nubia Villacís, le dijo a EXPRESO en 2017, que hay un retraso de varios años en la auditoría del Fondo Partidario Permanente que se entrega a los partidos políticos, ¿qué harán al respecto?

- Dentro del convenio que el CNE firmó con la Contraloría General del Estado están incluidas estas actividades. Es saludable y espero que no se lo tome como una persecución el que se esté haciendo este análisis. Los partidos políticos deben verlo como una oportunidad para que sus militantes y la ciudadanía vean que esos recursos, que son públicos, están siendo bien utilizados para los objetivos previstos para el Fondo Partidario.

- ¿Hay retraso en los procesos de contratación de temas como la impresión de papeletas y documentos electorales para las elecciones seccionales del 2019?

- Los procesos de contratación con entidades públicas como el Instituto Geográfico Militar (IGM), está en marcha. Es más, yo debía haber suscrito (el viernes) para ya entregar el anticipo. Sin embargo, por un tema de transparencia, aunque me corresponde absolutamente a mí la responsabilidad de firmar esos documentos, he puesto en cada uno de los despachos de los consejeros los papeles para que tengan conocimiento de qué es lo que está firmando la presidenta.

- En el IGM hay preocupación por los tiempos. Tienen que importar papel, entre otros procesos, ¿está en riesgo el cronograma electoral?

- Estamos contra el tiempo, pero el proceso está muy avanzado y asumo la responsabilidad porque el tiempo apremia y ese riesgo del tiempo lo asumo yo personalmente. Pero por transparencia tenía que poner en conocimiento de los consejeros esa información.

- ¿Es transparente o le queda alguna duda de lo que dejó el CNE transitorio, del que fue usted vicepresidenta?

- Confío que todo lo que hicimos anteriormente para llegar a esta etapa lo hicimos bien. Esa confianza es porque todo se actuó con el acompañamiento de la Contraloría y del Servicio de Contratación Pública.

- La campaña anticipada es un hecho real, ¿cómo combatirla para no dejar que quede impune?

- Dispusimos que cada semana se nos entregue informes de campaña anticipada. Es así que encontramos, por ejemplo, artículos promocionales, que serán imputados luego al gasto electoral, en un número de 8.965; 58 vallas publicitarias y cuatro audios a nivel nacional.

- ¿Cómo pasar de la contabilización a la sanción?

- Con este registro, tendremos los argumentos para decir a los candidatos que les queda menos presupuesto para su promoción electoral. Si llegan al límite o sobrepasan ese gasto, la ley determina sanciones que pueden llegar a la congelación de la cuenta bancaria en la que se administran los recursos destinados para la promoción de las organizaciones.