No hay vulneración de derechos. Esa fue la decisión de la justicia ante la acción de protección que planteó la Prefectura de Pichincha contra el gobierno de Lenín Moreno. La administración local exige el pago de once millones de dólares correspondientes a la devolución de IVA para la provincia. Ese dinero, dicen las autoridades provinciales, servirá para atender la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus.

A la fecha, según el reporte diario que emite el Ministerio de Salud Pública, Pichincha tiene 9.642 casos de Covid-19 confirmados.

Hoy, 10 de julio de 2020, se desarrolló la audiencia para conocer la acción de protección. Personal del Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que existe una deuda de más de 40 millones con el Gobierno Provincial de Pichincha y dijo que está abierto a dialogar para encontrar mecanismos de pago.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, también quiere alcanzar ese pago. Por eso dijo que apelará la decisión de no dar paso a su acción de protección. Para ella si hay una vulneración de derechos contra el pueblo pichinchano y limita la atención urgente ante el crecimiento de contagios de coronavirus.

Pichincha no es la única autoridad local que protesta por la falta de pago del gobierno de Lenín Moreno. 51 alcaldes realizan marchas contra la administración central y anunciaron otras acciones legales.

Incluso la Prefectura de Carchi anunció otras demandas en conjunto con sus similares de otras provincias.