El juez de La Concordia, en Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó la acción de protección de Manuel Párraga en beneficio de los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, censurados y destituidos el 18 de noviembre por el pleno de la Asamblea.

Lindao declaró vulnerado el derecho al debido proceso de los consejeros a los que restituyó on una medida cautelar y el derecho a la seguridad jurídica. Como medida de reparación dispuso la nulidad absoluta e insubsanable del proceso político seguido en contra de los cuatro consejeros por haber concluido la fase del procedimiento en el cual la Comisión de Fiscalización debía emitir un informe y remitirlo al pleno de la Asamblea para el trámite o archivo del juicio político o en su defecto un informe que detalle las posiciones de los asambleístas de la Comisión así como el plazo de la convocatoria para el enjuiciamiento respectivo efectuado sin considerar las 72 horas de anticipación con las que debió ser convocado.

Ordenó dejar sin efecto legal el contenido de las resoluciones del 15 de noviembre y del 18 de noviembre que dictó la Comisión y el pleno del legislativo en contra de los afectados.

Además dispuso que en cinco días la Asamblea, a través de su máximo representante, presente las disculpas públicas para los consejeros las mismas que deben ser publicadas en la página institucional durante 30 días en donde el legislativo reconocerá que ha vulnerado los derechos de los consejeros.

Dispuso el pago de las remuneraciones que no hubiesen percibido los consejeros y ordenó que para no repetir los actos determinados se coloque una placa conmemorativa a la entrada de la Asamblea y un banner en la sala de sesiones que diga que “ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”. El abogado de la Asamblea apeló la decisión.

La audiencia se instaló pasadas las 10:00 del miércoles 7 de diciembre de 2022, en La Concordia, Santo Domingo. El accionante fue Manuel Párraga, representante de la Confederación de Organizaciones del Pueblo Montuvios en favor de los cuatro consejeros destituidos y restituidos con una medida cautelar.

A la diligencia asistieron de forma virtual los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo junto a su defensor Diego Chimbo. En su intervención pidió que se declare la vulneración a la seguridad jurídica, la vulneración del derecho a la defensa en conocer los motivos por los que los consejeros estaban siendo juzgados y contar con el tiempo para preparar una defensa, en razón que la comisión jamás realizó el informe que sugiera el juicio político o archivo del procedimiento.

Chimbo solicitó que la resolución que adopte el juez se retrotraiga al momento de la vulneración del derecho de los consejeros con la garantía de no repetición.

El segundo en intervenir fue Édgar Lagla, abogado de la Asamblea. Su exposición inició insistiendo al juez que resuelva los pedidos de la Asamblea. Esos requerimientos apuntaron a insistir en que Lindao no era competente para conocer la acción de protección, la revocatoria de las medidas cautelares autónomas concedidas a los consejeros y la solicitud de diferimiento de la diligencia. Pero el juez le respondió que eso resolverá al final.

Lagla manifestó que al no conocer los fundamentos del recurso la Asamblea está en indefensión. Se refirió a los argumentos del abogado Chimbo de quien dijo ha tratado de tergiversar la seguridad jurídica y lo que dice la ley sobre estos temas. Recordó que la Asamblea tiene dos atribuciones: la legislar y la de fiscalizar y esta última atribución se hace a través de mecanismos como solicitar información a entidades públicas, solicitar comparecencias y activar un juicio político. 

Negó cualquier vulneración de los derechos a la defensa de los consejeros y detalló las atribuciones cumplidas por el Legislativo en el tema. Concluyó que si concede la acción sería una intromisión en el Legislativo, afirmó.