Entre Ríos: la directiva ahora frena una siembra ciudadana en el lugar donde se taló sin permiso

La polémica por el manejo del arbolado en la urbanización Entre Ríos suma un nuevo capítulo marcado por la contradicción. Días después de que se revelara la tala antitécnica de cuatro árboles en el parque Nathalia —infracción que sigue sin ser sancionada por las autoridades ambientales—, un grupo de residentes intentó remediar el daño organizando una jornada de siembra de especies nativas junto a la Fundación La Iguana. Sin embargo, la iniciativa fue bloqueada por el propio Comité.

Un nuevo comunicado que frena a la comunidad

A través de un comunicado dirigido a la comunidad, la administración de la ciudadela advirtió que "ninguna fundación, empresa privada o tercero puede coordinar de manera independiente la siembra de árboles" en las áreas comunes sin una coordinación previa entre el Municipio de Samborondón y el Comité.

La directiva justificó su negativa asegurando que el Cabildo se encuentra desarrollando un "estudio técnico" de espacios para nuevas áreas verdes y que ellos mantienen un plan de reforestación en curso.

Una "verguenza" de comunicado

El freno a la siembra encendió de inmediato los reclamos ante lo que se percibe como una doble moral. A través de sus redes sociales, la Fundación La Iguana tildó de "vergüenza" la respuesta de la directiva y cuestionó su autoridad moral para exigir requisitos tras el daño ambiental previo.

Cabe recordar que el Municipio de Samborondón aseguró a EXPRESO que la tala de al menos cuatro individuos (aunque vecinos alegan que son más) y que indignó a los moradores, se hizo sin que la ciudadela active el protocolo correspondiente. Es decir, no tenían aval. 

"¡Cuánto atrevimiento! Talan árboles sin sustento técnico ni legal y luego pretenden imponer a los residentes (...) como si empleados administrativos decidieran por ellos", publicó la organización ecológica, encabezada por Andrea Fiallos, quien también expresó su preocupación por el caso en un reportaje anterior de este Diario. 

La fundación aseguró además contar con los avales necesarios para intervenir, "y más aún cuando los propios dueños lo solicitan", e insistió en que el caso de la tala original exige una sanción conforme a la Constitución.

El conflicto expone una dualidad en la administración del espacio público de la ciudadela. La normativa local establece claramente que toda intervención en áreas verdes —sea esta una poda, una tala o una siembra— debe regirse por un protocolo estricto que incluye la inspección y autorización del Municipio. No obstante, la indignación vecinal radica en que el comité de Entre Ríos invoca ahora esta regla de forma rigurosa para impedir la siembra ciudadana, cuando hace apenas unas semanas ejecutó la eliminación de los árboles evadiendo esos mismos canales formales.