El presidente de la República, Guillermo Lasso, formalizó, la mañana de este miércoles 7 de diciembre, el proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República para otorgar a las Fuerzas Armadas la facultad de participar en el combate a la delincuencia al interior del país, sin la necesidad de existir un estado de excepción.

“El apoyo de las Fuerzas Armadas es vital en la lucha contra los violentos, contra los narcos, contra los delincuentes, contra los mafiosos e inclusive, en contra de la narcopolítica en el Ecuador. Los violentos no nos van a callar”, dijo Lasso frente a una multitud de simpatizantes que se concentraron en los exteriores del palacio legislativo que viajaron desde distintas provincias.

La reforma plantea solo la modificación al artículo 158 de la Constitución. Y se pide que este diga así: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privadas del estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada".

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”, reza el que sería el nuevo artículo.

El proyecto fue entregado por el propio presidente de la República al titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Durante ese acto, Lasso pidió al poder legislativo que se dejen de lado los “intereses políticos” y que el proyecto reciba un “urgente trámite”.

Por su parte Saquicela manifestó que será la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales la que tratará el proyecto una vez que el Consejo de Administración Legislativa lo califique.

Luego de eso en un plazo de 15 a 60 días se emitirá un informe para primer debate y luego un plazo no menos de 90 días para el segundo debate.