El próximo 21 de abril, la ciudadanía ecuatoriana se pronunciará sobre una pregunta en el referéndum: la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional.

El debate gira en torno a la eficacia de esta medida para combatir el problema. Algunos expertos, como Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, recuerda el caso de Jorge Glas en 2022, cuando el juez Diego Moscoso de Manglaralto, provincia de Santa Elena, le concedió un habeas corpus para salir de la cárcel de Cotopaxi. En su momento, expertos en Derecho manifestaron que dicho juez no era competente para otorgar ese habeas corpus y así resultó. Glas tuvo que regresar a prisión.

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No es el único juez al que se tachó de abusar de estos recursos. Se recuerdan los nombres de Banny Molina, Emerson Curipallo, Jhon Rodríguez, entre otros. En 2023, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señalaba que durante la administración de Diana Salazar se emitieron 43 acciones disciplinarias de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura (CJ). Y que al menos 20 de esas denuncias corresponden a jueces.

De acuerdo con Salgado, la creación de estas judicaturas especializadas permitiría que un juez con conocimiento en Derecho Constitucional resuelva correctamente este tipo de procesos.

“Está bien que se hagan judicaturas especializadas para que un juez de familia no conozca una acción de protección y peor un juez de tránsito”, explica.

En esto coincide Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quien ve con buenos ojos la creación de estas judicaturas especializadas.

El experto explica que la Constitución es una materia especializada y para resolver todas las acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus deben hacerlo jueces especializados en la materia y “así minimizamos el riesgo que las sentencias no sean apegadas a derecho”.

“Otra de las ventajas sería tener una justicia con conocimiento, eficaz y eficiente, y eso nos va a beneficiar a la sociedad ecuatoriana porque todo lo que tiene que ver con corrupción impacta en el tema económico”, acota.

Por su parte, la abogada constitucionalista Ximena Ron sí reconoce que en ocasiones los jueces han dado “garantías jurisdiccionales que han sido mal sustanciadas y mal resueltas en función del desconocimiento”. Pero también expone que un número importante de estas garantías han sido desnaturalizadas ya no por desconocimiento, sino por corrupción. “Y esto no se soluciona con los jueces especializados”, resalta.

En este sentido explica que, si los fallos erróneos referentes a la Constitución se dan en función de un desconocimiento del juez, entonces sí, la creación de estas judicaturas podría ser una solución para eliminar el posible abuso de las garantías jurisdiccionales. No obstante, si hay sentencias guiadas por la corrupción esto “no se soluciona con los jueces especializados”.

Ron sugiere que si se quiere evitar que jueces puedan sustanciar erradamente una garantía en “lugares recónditos” hay que también modificar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. “Tiene que ser un trabajo integrado”, añade.

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