El Consejo de la Judicatura será declarado en emergencia. La mañana de este sábado 20 de mayo ese organismo se reunió para analizar el tema.

Las exposiciones apuntaron a dejar en claro que la atribución de declarar la emergencia es del director del organismo. Pero el presidente del organismo Wilman Terán dejó claro que se hará por disposición del pleno.

Además, los vocales analizaron la posibilidad de implementar los jueces sin rostro en los casos de los judiciales que conocen casos de crimen organizado. Para ello se elaboraría una normativa de identidad protegida que, según Terán, no atenta contra la jurisdicción y competencia. "De esta manera luchamos contra la corrupción y el crimen organizado", dijo.

Según el funcionario, si amenazan a un juez, fiscal o defensor por la falta de reserva "de sus datos personales se afecta al principio de objetividad a la independencia interna y externa e imparcialidad con la que deben actuar".

Mencionó que la confianza ciudadana se fortalece pues los datos del juez, fiscal y defensor, en el desarrollo de audiencias, son conocidos únicamente para las partes y se limita a que otros actores públicos incidan.

Terán reiteró que los jueces estarían ocultos al público pero no a las partes procesales. La disposición es que se trabaje en la normativa para implementar los judiciales sin rostro o con identidad protegida que sancionen casos de corrupción y delincuencia organizada.

 Vocales como Juan José Morillo le indicaron que esa posibilidad no se encuentra contemplada en la legislación. Mientras que el vocal Fausto Murillo cree que el tema debería ser objeto de un análisis serio de las áreas técnicas, "deben darnos un informe jurídico respecto a la constitucionalidad y legalidad de la propuesta". Añadió que se debe contar con la academia y los gremios para que aporten con bases sólidas. 

Mencionó además que se debe hacer un seguimiento de como está la protección a la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado que cuenta con al menos 14 jueces para conocer 44 delitos. Esa unidad que funciona en el Complejo Judicial Norte de Quito necesitaría al menos dos jueces más para conocer temas de flagrancia. Murillo denunció que ellos tenían una persona para su seguridad que les habría sido retirada. 

La sesión declarada permanente se suspendió hasta el lunes 22 de mayo a las 16:00 para recoger los insumos que presente la academia sobre el tema. Según la Judicatura, en 2022, varios jueces y fiscales fueron víctimas de atentados. Algunos fueron asesinados en ataques armados. Por esa razón el Consejo busca alternativas para brindar condiciones adecuadas de seguridad para que los judiciales puedan desarrollar su trabajo.