Isspol
Uno de los abogados de los procesados en lo exteriores de la Fiscalìa.Renè Fraga

El Isspol ya siente el grave impacto en sus finanzas: no hay dinero para prestaciones

El Instituto de Seguridad Social de la Policìa tiene problemas para dar crèditos a sus afiliados. Ayer fueron detenidos 4 exfuncionarios del ente.

Iván Proaño, Enrique Espinosa de los Monteros, Santiago Duarte y Alfredo Valverde esperaban ayer la formulación de cargos de la Fiscalía.

Los dos primeros son generales retirados y son sospechosos de presunto peculado por la operación Swap realizada por el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Fueron detenidos la noche del martes en un operativo efectuado por la Fiscalía y la Policía.

Se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento y la detención con fines investigativos. Ellos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia de Quito, a la espera de la audiencia de formulación de cargos anunciada para las 20:00. En el operativo ‘Impacto 08’ se realizaron allanamientos a cinco inmuebles y fueron incautados 15 equipos portátiles, 14 celulares, seis dispositivos de almacenamiento y 457 dólares.

A la Unidad de Flagrancia acudieron los abogados. Paúl Ocaña, defensor de Enrique Espinosa de los Monteros, por ejemplo señala que lamentablemente la Fiscalía ha tomado como normal últimamente aplicar la orden de detención, “a pesar de que estamos presentes en la investigación, incluso presentando descargos”.

Comentó que se habla de malversación de fondos de los que se habrían beneficiado los generales, pero no conocen los montos. Aseguró que su cliente no fue director al momento de suscribir los contratos.

Pedro Jerves, quien defiende al general David Proaño, señala que su cliente ha comparecido a todas las diligencias. Por eso opina que la solicitud de detención “es arbitraria e ilegal”. Afirma que la medida podía darse si su cliente no comparecía a llamadas anteriores. Aunque reconoce que le pueden formular cargos, la detención “es de dudosa decisión”.

Juan Carlos Rueda, director del Isspol, dijo que las inversiones riesgosas del ente con Jorge Chérrez representan $ 693 millones. Y hoy, $ 210 millones, entre capital e intereses, que no se han redimido, están vencidos, no se han honrado. En facturas comerciales la mora es del 100 %.

Lo maloHasta ahora no hay contundencia en las decisiones sobre las inversiones realizadas por el Isspol, de parte de las superintendencias de Bancos y de Compañías, en relación con las casas de valores, Decevale, Banco Central, calificadoras de riesgos y funcionarios que las permitieron. No se ha procedido a disolver a ninguna entidad societariamente responsable.

A LAS PUERTAS DE FINANZAS. Juan Carlos Rueda señaló que hoy el Isspol no puede dar créditos a sus afiliados “porque no tenemos la liquidez que requerimos para hacerlo, ya que estas inversiones están en riesgo”.

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Por eso, el martes pasado el ministro de Gobierno y el comandante general acudieron al despacho del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, para solucionar “esos problemas que son vitales para los pensionistas, de la tercera edad, (población) vulnerable, que pensaron que al final de sus días tenían un espacio de dignidad y ahora están abrumados por la incertidumbre de no saber qué se hizo con esos recursos, que son de los afiliados”, manifestó.

Lo buenoLuego de que la Procuraduría General del Estado le ratificara la semana pasada al Instituto de Seguridad Social de la Policía que es una entidad pública y no privada y que, por lo tanto, sus administradores podrían ser acusados por peculado, la Fiscalía ordenó la prisión de cuatro exfuncionarios que tomaron decisiones sobre las inversiones del Isspol.

DERECHOS FIDUCIARIOS VENCIDOS.Hay varios procesos. El iniciado ayer por la Fiscalía contra exfuncionarios del Isspol es uno. La entidad policial también había iniciado procesos administrativos internos. No solo están en investigación las inversiones de alto riesgo sin las previsiones legales necesarias, sin formalidades y sin garantías suficientes que se realizaron en las operaciones con Jorge Chérrez. También hay dinero invertido en operaciones como la cesión de derechos fiduciarios, que en definitiva han sido observadas por la Superintendencia de Bancos, que ha ordenado un proceso de desinversión. El 95 % de los $ 68,9 millones está vencido.