Una investigacion interna ‘delato’ a cinco jueces
Están bajo sospecha. Cinco jueces de las salas de lo Penal y Laboral de la Corte Provincial del Guayas podrían estar involucrados en presuntas irregularidades. Ellos fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura.
La decisión se tomó, según Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, “por la gravedad de los temas”. El organismo abrió varios sumarios administrativos.
¿Qué hicieron los funcionarios suspendidos? Los tres integrantes de la sala Penal echaron abajo una sentencia condenatoria de 18 años en contra de una persona acusada por el delito de sicariato. El informe de la Judicatura dice que hubo “falta de motivación y fundamentación jurídica suficiente” en esa resolución.
El días pasados, el ministro del Interior, José Serrano, denunció el caso en las redes sociales y ante los medios de comunicación. Él, sin embargo, no presentó una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, confirmó Jalkh. Fue, aseguró, una investigación del Departamento Disciplinario de la provincia la que advirtió esta posible irregularidad.
Los otros dos casos que se investigan corresponden a la sala de lo Laboral.
En el primero, una jueza habría vulnerado el sistema informático judicial para eliminar escritos. El funcionario contó que una de las partes interesadas había presentado dos recursos de ampliación y aclaración de una sentencia. Esos pedidos fueron borrados del sistema.
La jueza es la sospechosa. Y existe un informe que revela que el sistema fue manipulado.
Y ella misma está involucrada en el tercer caso que se investiga. La jueza y uno de sus compañeros cancelaron el registro de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad con un recurso de hábeas data. En este caso hay un tercer juez que salvó su voto. Él no está involucrado.
¿Qué pasará con los jueces? La Judicatura abrió un expediente disciplinario en su contra y ellos podrán defenderse, ofrecieron las autoridades.
Luego se establecerían las posibles responsabilidades y se presentarían, de ser necesario, las denuncias correspondientes en la Fiscalía General.
