La investigacion del estero Salado se enfanga de dudas

El plazo para responder a la providencia ha expirado. Y las instituciones implicadas (Municipio, Emapag-EP e Interagua) parecen empeñadas en zanjar cuanto antes la polémica desvelada por EXPRESO.

Las dos últimas entienden que no hay razón para que la Defensoría del Pueblo continúe con las pesquisas sobre los problemas de contaminación industrial en el estero Salado, a su paso por la Kennedy Norte. De hecho, reclaman el archivo de la causa, a pesar de que la zona septentrional del brazo de mar es la “más degradada” por los vertidos de empresas, según resaltó el Ministerio del Ambiente a este Diario.

Incluso el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reconoció que el problema no se ha erradicado. Pero, al mismo tiempo, la Dirección municipal de Medio Ambiente se muestra categórica sobre el manejo de residuos y aguas servidas en cinco compañías de la Juan Tanca Marengo y una ciudadela indagadas por la Defensoría: “El 100 % son intervenidas por esta dirección y cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa vigente”.

Su conclusión final contrasta con algunas de las valoraciones que desgrana en el resto del informe, así como con los documentos aportados por Interagua sobre inspecciones efectuadas entre 2014 y 2016. El cruce de los datos arroja nuevas dudas a un expediente ya de por sí repleto de interrogantes vaporosos y silencios medidos. Quizás por eso la Defensoría del Pueblo pretenda ampliar la investigación a todo el Salado, tal y como adelantó a EXPRESO Zaida Rovira, coordinadora de la institución en la zona 8.

El Cabildo afirma que una de las cinco industrias inició su proceso de regularización ambiental el pasado 20 de marzo, es decir, justo una semana después de que la Defensoría emitiera la providencia. Y llama la atención que acepte como buenos los exámenes llevados a cabo por los propietarios en 2015. Porque Interagua subraya que sus técnicos no pudieron entrar a las instalaciones cuando quisieron examinarlas, precisamente, el 30 de diciembre de ese mismo año.

Una segunda obtuvo la licencia ambiental el 4 de mayo de 2015. Sin embargo, la muestra de aguas residuales analizada por Interagua casi dos meses después de expedirse el permiso multiplicaba por seis la concentración de detergentes autorizada para descargas al alcantarillado público, según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Otra empresa todavía está “en proceso de regularización”, aunque el Municipio asevera que actúa dentro de la legalidad. Y una cuarta, con licencia desde diciembre de 2014 y que la concesionaria no ha visitado, solo cumple el “60,5 %” de su plan ambiental y de la normativa (la Dirección de Medio Ambiente no especifica si posee planta o sistema de tratamiento, mientras que en las demás sí concreta que cuentan con uno de los dos).

Más allá de los vericuetos técnicos, el Cabildo no aclara en qué situación legal se encontraban estas industrias antes de obtener o solicitar los permisos, ni qué clase de sustancias tóxicas emplean. Y, al igual que Interagua y Emapag-EP, tampoco detalla las acciones legales “o de otra índole” emprendidas para minimizar la instalación de tuberías clandestinas y la contaminación (la Defensoría del Pueblo les había requerido esta última información).