Docentes, aulas, equipos, investigación, laboratorios, internet, servicios básicos y ahora también seguridad. La situación de violencia que vive el país obliga a las instituciones de educación superior a destinar recursos a un rubro que en teoría no es esencial para su funcionamiento, pero que se ha constituido en un gasto creciente e indispensable.

La contratación o el aumento de la guardianía privada y la instalación de cámaras de videovigilancia son las medidas más comunes que han adoptado universidades públicas y privadas. A ello se suman la implementación de sistemas estrictos de ingreso de alumnos y maestros, el cierre o reducción de puertas o vías de acceso, y la construcción de muros perimetrales.

Esto último es, por ejemplo, lo que ha hecho la Universidad Península de Santa Elena (UPSE), según dice a EXPRESO el rector Néstor Acosta Lozano.

Debido al incremento de las cifras de inseguridad y muertes violentas en esa provincia en 2021, la UPSE incluyó en su presupuesto de 2022 la construcción del cerramiento perimetral de 648.5 metros de la parte posterior de la ciudadela universitaria, debido a que colinda con una zona de riesgo delictivo, el autódromo Teófilo Bucaram, donde se asientan invasiones y existe escaso control policial, explica.

En 2022 se construyó un nuevo acceso principal, con modernos sistemas que permitan un mayor control en el ingreso a las instalaciones , como reconocimiento facial, huella dactilar y código QR, para estudiantes, trabajadores y docentes.

“En 2023 se proyecta concluir el cerramiento de la institución e instalación de sistemas de videovigilancia en el campus, así como la construcción de otras garitas en el perímetro de la UPSE”, agrega en su respuesta a una consulta de este Diario.

Medidas similares ha adoptado la Universidad Técnica de Babahoyo, ciudad donde desde 2022 se han incrementado las muertes violentas y asaltos.

El rector Marcos Oviedo cita la instalación de cámaras en en la matriz y en la extensión de Quevedo; la contratación de una empresa de seguridad privada; y la capacitación al personal de guardianía con protocolos de seguridad que garanticen el normal desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria.

De allí que, como publicara EXPRESO en la edición del martes 24 de enero, rectores como Francisco Morán, de la Universidad de Guayaquil, proponen que los presupuestos asignados a las entidades públicas incluyan recursos específicos para seguridad.

Eso, por supuesto, además del pedido de seguridad a la instancia que tiene esa competencia. “Proponemos que el Gobierno Nacional garantice la seguridad de nuestros estudiantes fuera de los predios universitarios por medio de la policía nacional”, señala Oviedo.