Jéssica, una sobreviviente de violencia de género, perdió un ojo como consecuencia de las constantes agresiones de su pareja. Pese a ello, el proceso legal que emprendió contra su victimario lleva más de tres años sin que una sola audiencia se realice, pues se suspendieron en varias ocasiones y esto impide que su atacante sea sentenciado. Ella tampoco puede acceder a una reparación integral.

Frente a casos como este, el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (Fiets) financia una iniciativa para que las mujeres víctimas de violencia de género en Ecuador hagan valer sus derechos. 

Rocío Vaca, especialista de la organización, dice que el objetivo es fortalecer el acceso a la justicia para mujeres, sus hijos e hijas. La iniciativa la encabeza el Consejo de la Judicatura (CJ) junto a otras organizaciones. El proyecto, denominado ‘Mujer, Protección, Justicia y Reparación’, durará tres años. Se ejecutará en varias localidades del país, con un énfasis particular en Guayaquil, Pichincha y Latacunga.

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Las zonas fueron seleccionadas debido a las preocupantes estadísticas de violencia de género que las afectan y reflejan la necesidad de intervención en áreas urbanas y rurales.

José Ramírez, coordinador de Fiets, indica que Latacunga es uno de los cantones que incluyeron en el pilotaje. Una de las metas es evitar la revictimización de las mujeres que denuncian para que continúen los procesos judiciales, así como acompañarlas en un proceso de reparación y restauración, que les permita transformarse de víctimas a supervivientes.

Patricio Coronel, director del CJ en Cotopaxi, destaca la necesidad de mejorar las formas de acceso al sistema de justicia, especialmente en casos de violencia intrafamiliar por las barreras culturales y geográficas que dificultan que se denuncie.

1.500 medidas de protección

Las estadísticas recopiladas revelan la urgencia de intervenir en esta problemática. En Cotopaxi se registraron más de 1.500 medidas de protección atendidas en 2023 y los casos judicializados son escasos, aunque no hay cifras. Esto indica un bajo nivel de acceso a la justicia para las víctimas. 

Además, existe un número significativo de medidas de protección solicitadas sin la intención de iniciar un proceso judicial, lo que evidenciaría la necesidad de mejorar los mecanismos de seguimiento y apoyo a las afectadas.

Paulina Cajilema, coordinadora de Mujeres por el Cambio en Cotopaxi, explicó que desde las organizaciones sociales han propuesto como principal política pública la creación de una ley que trate el tema, que no solo reconozca ese delito, sino que establezca una obligación estatal para atender y que genere un sistema de protección de varios niveles, entre ellos el provincial y cantonal.

En Latacunga, fruto de la organización de mujeres, se aprobó una Ordenanza que busca prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia. La fundación Aldea registró que en 2023 hubo 321 femicidios en el país, es decir, uno cada 27 horas. De ellos, siete en Cotopaxi. 

La organización acompaña a las víctimas de este delito junto con Akila Dignidad. Brindan patrocinio jurídico, mientras que el Patronato municipal de Latacunga presta atención psicológica gratuita. La situación de Jéssica es similar a la de Anahí o Nina a nivel nacional. Las denuncias pasan años sin tener sentencia y con sus agresores libres.   

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