Un día después de que la alumna del colegio SEK de Guayaquil que denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte de tres compañeros durante un viaje a República Dominicana, haya hecho  -a través de su abogado- un llamado al presidente Daniel Noboa y a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que la investigación de la denuncia que presentó meses atrás cumpla con el debido proceso; la Fiscalía se pronunció, a través de un comunicado, para detallar las acciones que, asegura, ha tomado en relación al caso. 

Que una vez conocidos los hechos, la Fiscalía abrió una investigación y solicitó asistencia penal internacional a República Dominicana para tramitar la causa, precisó; asegurando que, a la vez, dicho país requirió un asistencia jurídica internacional penal, "consistente ya en varios procesos que se encuentran en ejecución". 

"Estas acciones se llevan a cabo con el fin de garantizar la articulación y la cooperación entre ambos países, en el marco de la investigación de un delito que se cometió en el exterior, para así garantizar el acceso a la justicia, cumpliendo con el debido proceso", se lee en la publicación; en la que además la Fiscalía asegura que ha iniciado ya otras investigaciones relacionadas a los mismos hechos, por el presunto cometimiento de delitos como violencia psicológica y pornografía, con utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA). 

"Cabe señalar que las investigaciones relacionadas con violencia basada en género, justicia penal restaurativa o cualquiera que tenga relación con la vulneración de los derechos de NNA tienen el carácter de reservada, y su difusión acarrea sanciones penales, conforme lo dispone la ley", indicó al fin del comunicado. 

El pasado 25 de marzo, Fernando Rosero, defensor de la joven que denunció ser víctima en este caso,  pidió que se sancionen también a todas las autoridades que "durante más de 3 meses han hecho caso omiso al procedimiento legal, perjudicándola gravemente en su salud emocional, psíquica y sobretodo re-victimizándola".

“La inacción de la Fiscalía General del Estado con las órdenes de arresto y las pruebas de ADN, solicitadas por un Juez de República Dominicana en contra de los tres adolescentes infractores, han sido desatendidas e ignoradas por el Ecuador y si las autoridades no hacen nada al respecto, deberé plantear una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica”, puntualizó,

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Rosero y el padre de la víctima, según informaron en el comunicado emitido el pasado 25 de marzo, viajaron el 19 de marzo anterior a República Dominicana, y ambos mantuvieron reuniones con el Dr. Andrés Chalas, Procurador Adjunto de República Dominicana, así como con funcionarios del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, lugar en donde se presentó la denuncia y reposan también -en cadena de custodia- los audiovisuales extraídos de las cámaras del Punta Cana y las pericias médicas, "desmintiendo una vez más toda acusación falsa, de que esta evidencia supuestamente no existe", indicó Rosero; que semanas atrás, como publicó EXPRESO, aseguró saber de la existencia de un supuesto grupo de WhatsApp donde adolescentes se envían mensajes "alardeando" sobre actos de violación supuestamente cometidos.

"¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la DINAPEN? ¿Dónde están las autoridades?", cuestionó entonces. Rosero también relató que los videos se vendían en este chat y que los compradores pagaban lo que fuera.

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• En relación con las evidencias, el jurista aclaró que los mensajes le llegaron a través de una persona que prefirió mantener su nombre en reserva, pero que "obviamente la policía lo va a conocer. Quiere ser testigo protegido de la Fiscalía".

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