El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció este 11 de septiembre de 2023 que preparan acciones progresivas para oponerse al decreto ley sobre Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, firmado por el presidente Guillermo Lasso.

Los sindicalistas aseguran que la primera falencia es que no se trata de un decreto urgente en materia económica, como manda la ley, sino un “paquetazo” a puertas de que el gobierno deje el poder en diciembre.

José Villavicencio, presidente del FUT, alertó que se pretende que el Estado no pague los intereses que ha generado la deuda por el 40%, lo que significaría que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dejaría de percibir cerca de mil millones de dólares.

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“Por qué el señor Lasso y el ministro de Finanzas (Pablo Arosemena) no le dicen con la misma ‘valentía’ a las multilaterales y al Fondo Monetario Internacional que no les va a pagar los intereses. Pretenden seguir perjudicando a los afiliados al igual que los dos gobiernos anteriores”, señaló el directivo del FUT.

No es lo único. El documento firmado por Lasso plantearía que el Estado entregue únicamente un 33,33% para atender los valores para enfermedades catastróficas cuando la ley y la Constitución hablan de garantizar el 100%.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, sumó cuestionamientos. Aseguró que el decreto ley busca modificar la fórmula de cálculo del presupuesto que se designa a la educación de 2024.

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¿Qué plantean? Por lo pronto, el jueves 14 de septiembre de 203 irán hacia la Corte Constitucional, entidad que debe pronunciarse sobre el decreto de Lasso, para presentar un amicus curiae en el que pedirán que se rechace la propuesta del mandatario saliente.

Sin embargo, tampoco descartan movilizarse en Quito cuando se desarrollen las audiencias para analizar el decreto y a nivel nacional si ven que no tienen una respuesta favorable de los jueces constitucionales.

"No nos representan"

Aunque el Frente Unitario de Trabajadores hará un anuncio oficial en los próximos días, Villavicencio adelantó que no apoyarán a ninguno de los dos finalistas para las elecciones presidenciales del 15 de octubre próximo.

En el caso de Luisa González, de Revolución Ciudadana, recordó que uno de los primeros golpes a las finanzas de la Seguridad Social vino del Gobierno de Rafael Correa en 2015 al eliminar el aporte del 40% o la intención de eliminar, a través de enmiendas, la organización sindical en el sector público.

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“Un gobierno que significó corrupción, persecución a los dirigentes sindicales y luchadores sociales no podemos de ninguna manera apoyarlo. Además, que fueron ellos los que abrieron la puerta al retorno del Fondo Monetario y las multilaterales”, señaló.

En tanto que, en el caso de Noboa los sindicalistas cuestionan y aseguran que en las empresas bananeras de su familia se registran casos de explotación laboral y lo relacionan con la privatización de la educación y salud.

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