¿Un último intento para dejar mejores condiciones fiscales al próximo Gobierno? El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió a la Corte Constitucional (CC) el Decreto Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que tiene medidas controversiales que pueden tener como resultado un menor gasto público.

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Las acciones van desde un nuevo cálculo para las asignaciones para los sectores de salud y educación, lo cual puede resultar en menos recursos; o perdonar los intereses por la deuda de los aportes del 40 % del Estado a las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Se requiere un mecanismo para gestionar de forma eficiente el incremento anual de asignaciones presupuestarias en los sectores de educación y salud prioridades en la Constitución, sin que el cumplimiento de dichas disposiciones implique un desequilibrio en las cuentas fiscales”, justifica el decreto ley.

El mismo Gobierno de Lasso ha mencionado que uno de sus logros es haber mejorado la situación fiscal, pero ese éxito parece estar por desvanecerse.

La última estimación del Ministerio de Economía y Finanzas señala que el déficit fiscal podría cerrar este año en algo más de 2.800 millones de dólares. Analistas señalan que esa cifra se puede quedar corta y puede subir a los 5.000 millones debido a la caída de los ingresos petroleros o la menor recaudación de impuestos, en parte, por las mismas medidas adoptadas por el Gobierno

El déficit fiscal es una situación en la que un gobierno gasta más dinero de lo que recauda a través de impuestos y otras fuentes de ingresos, lo que resulta en ‘hueco’ financiero en sus cuentas públicas.

Otra medida que busca implementarse es limitar el gasto tributario. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el gasto tributario representa aproximadamente el 6 % del Producto Interno Bruto. Esto significa, dice el documento oficial, que el Estado deja de percibir ingresos, debido a los beneficios e incentivos tributarios que contempla la normativa vigente, lo que afecta en la liquidez y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Tras la última reforma tributaria aprobada por la CC, que implicó un ajuste principalmente en el Impuesto a la Renta, el Gobierno ha buscado medidas compensatorias para esos ingresos que se dejan de percibir, pero no las ha implementado.

El exministro de Finanzas Fausto Ortiz cree que el decreto ley podría ser aprobado por partes:algunas pueden ser aceptadas y otras no. Para el exfuncionario, el Gobierno busca hacer algunas correcciones para el futuro, respetando deudas del pasado. En caso de que no pase por la CC, se debería guardar el proyecto para presentarlo a la nueva Asamblea.

Para Patricia Borja, experta en seguridad social, en el caso de la eliminación de los intereses de la deuda del 40 % de los aportes a las pensiones jubilares, hacerlo no tiene una justificación y puede generar un perjuicio para el fondo de pensiones. En ese contexto, dijo la especialista, la propuesta puede ser rechazada por la CC.

Otras medidas del decreto ley

• Deuda interna: El Gobierno puede emitir Notas del Tesoro hasta por un valor equivalente al 8 % de los gastos del Presupuesto. El decreto ley abriría la puerta para que sea más. 
• Intereses: La propuesta legal señala que ya no es posible cobrar intereses y multas por retrasos en pagos entre las entidades públicas que forman parte del Presupuesto del Estado.
• Rechazo: De los cuatro decretos ley que el Gobierno ha enviado a la Corte Constitucional, tres han sido rechazados bajo el argumento de que no cumplen con el carácter de urgente. 

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