La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea conoció y calificó este 11 de febrero de 2022 el pedido de juicio político en contra del contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío.

Esto luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud presentada por el asambleísta de Unión por la Esperanza (Unes), Ronny Aleaga, para iniciar un proceso de control político al funcionario.

Una vez realizado este proceso, la secretaría de la Comisión de Fiscalización deberá notificar al contralor del inicio del proceso de sustanciación del juicio político, así también a Aleaga, que estuvo conectado a la sesión de esta Mesa Legislativa.

El presidente Fernando Villavicencio recordó que esta comisión tiene en cola, además del trámite de fiscalización a Riofrío, los pedidos de juicio político al procurador Íñigo Salvador y luego a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se debe cumplir ese orden establecido por el CAL y la ley.

Hizo esta aclaración “porque ayer (10 de febrero) el país conoció un criterio, una versión de algunos legisladores que han planteado que el pleno de la Asamblea Nacional podría interpretar la Ley Orgánica de la Función Legislativa en función de adelantar un juicio político, en especial, la solicitud para algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana”, dijo Villavicencio.

El asambleísta correísta Ferdinand Álvarez hizo un llamado a todos los legisladores, el jueves, para que ese juicio político (en contra de la nueva mayoría del CPCCS) sea tratado de forma inmediata. “El pleno lo puede hacer. A la presidenta Guadalupe Llori solicitamos que los plazos sean cumplidos de manera taxativa y que pase de inmediato para que el pleno se pronuncie al respecto”, señaló.