Seis meses después de la anulación de la sentencia en el caso de posible peculado por la adjudicación del bloque Singue, la Fiscalía reabrió la investigación previa según lo dispuso la misma Corte Nacional de Justicia. Uno de los condenados a ocho años de cárcel fue el exvicepresidente Jorge Glas. También estuvieron los exministros de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli. 

El delito investigado es uno de acción pública tal como lo dejó en claro el pasado 25 de noviembre el tribunal de apelación de la sentencia en el caso Singue que decidió declarar la nulidad procesal de todo lo actuado en la causa, a partir de la solicitud de formulación de cargos de la Fiscalía que se ingresó el 12 de febrero de 2019, a las 11:30, en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia. 

En esa oportunidad los jueces dejaron a salvo, y en cabal ejercicio de la potestad que la asiste a Fiscalía, como titular del ejercicio de la acción penal pública, su derecho y deber de incoar la acción penal pertinente pero "sobre la base de los elementos de convicción distintos a aquel que ha sido declarado nulo para y en este caso que hayan sido recabados en fase preprocesal de la investigación previa No. 47-2017. 6.3".

La primera actuación en esta nueva investigación fue la notificación a los sospechosos para que puedan acceder al expediente fiscal y puedan ejercer el derecho a la defensa. Lo siguiente será la práctica de diligencias como la recepción de versiones y pedidos de información de la Fiscalía a las diferentes entidades.

En noviembre del año pasado, tras la audiencia en la que se declaró la nulidad de la sentencia el exministro Wilson Pástor aseguró que el Estado jamás fue perjudicado por el contrato del caso Singue y afirmó que él se encuentra tranquilo. 

El proceso se inició por un informe  de Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal en el proceso de contratación del campo Singue adjudicado a la firma Gente Oil, indicio que fue anulado por un tribunal contencioso de Pichincha. Gente Oil siempre ha asegurado que nunca hubo perjuicio para el Estado. En la sentencia de la Corte se señaló que ese elemento no se podrá utilizar en investigaciones futuras.