La Fiscalía investiga posible peculado en contratos de asesorías legales para migrantes
El Estado suscribió convenios con empresas españolas que tendrían vínculos con grupos políticos de ese país
La Fiscalía General abrió una investigación previa por el pago que habría hecho el Estado a dos empresas dedicadas a brindar asistencia legal a los migrantes ecuatorianos en España y que estarían relacionadas con un partido político de ese país europeo.
La notificación fue recibida el viernes 9 de diciembre de 2022 por el asambleísta Fernando Villavicencio, que fue quien presentó un oficio con la noticia criminis sobre el presunto financiamiento de estas compañías, que tendrían vínculos con Podemos.
La investigación se inició por el presunto delito de peculado y se encuentra bajo reserva legal, advierte el documento. Los montos que se habrían pagado a Kinema y Mi País Consultores superarían los cuatro millones de dólares.
En septiembre de 2021, EXPRESO publicó una serie de notas que detallaban cómo funcionaban los convenios con estas y otras empresas a las que les pagaron, entre 2012 y 2021, unos siete millones de dólares.
Kinema, que se presume cercana a Podemos, afín al expresidente Rafael Correa y otros gobiernos autodenominados socialistas, logró adjudicarse 2,6 millones de euros en contratos entre 2012 y 2016.
En tanto que Mi País Consultores obtuvo más de 2,9 millones de euros entre 2016 y 2018, por prestar asesoría jurídica y asistencia psicosocial a ecuatorianos afectados por los desahucios en España.
En ese intervalo de tiempo, aparecen los nombres de tres exembajadores: Aminta Buenaño, Miguel Calahorrano y Cristóbal Roldán como firmantes de los contratos. Este último designado durante el Gobierno de Lenín Moreno.
En septiembre de 2021, el asambleísta Esteban Torres (del Partido Social Cristiano) también entregó información al respecto, pero a la Contraloría General del Estado. Calificó como cuestionables los resultados obtenidos por estas empresas para los migrantes en el tema de las hipotecas. Apenas habría existido un 2 % de éxito, pues señaló que “98 de cada 100 casos se perdían, en algunos meses el porcentaje de éxito es del 0 %”, pese a lo cual se habría seguido con la firma de contratos, señaló entonces.
El Gobierno de Guillermo Lasso decidió en junio de 2021 suspender el servicio de asesoría jurídica, argumentando que el dinero invertido no justificaba el número de casos resueltos a favor de los ecuatorianos.
