Sin términos de referencia, sin estudios completos, sin especificaciones técnicas como el número de atenciones requeridas y otras para determinar el valor a cancelar por el servicio, ni algo que certifique la idoneidad de las empresas. En otras palabras, a dedo. Así fueron entregados varios de los contratos de asistencia legal y psicosocial firmados por la Embajada de Ecuador en España para ayudar a compatriotas afectados por los desahucios.

Un informe de Contraloría revisó 16 contratos firmados entre el 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2021 con las empresas Kinema, Mi País Consultores, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, e Intecon Iberoamérica y una de sus conclusiones es que se suscribieron “sin estudios completos ni definitivos, ni términos de referencia que permitan establecer los parámetros necesarios que garanticen experiencia y capacidad de los contratistas”. Además, el documento concluye que no se demostró que las contrataciones con las mencionadas empresas correspondían a las ofertas más convenientes a los intereses del Estado ecuatoriano conforme lo dispone la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La polémica de los pagos por este servicio estalló a mediados de agosto del 2021, cuando el entonces nombrado embajador de Ecuador en España, Pascual Del Cioppo, denunció en una entrevista televisiva que desde la Embajada se financiaba con dinero de los ecuatorianos al partido español Podemos, afín al expresidente Rafael Correa, a través de estos contratos adjudicados a la empresa Kinema, vinculada al mencionado partido político.

EXPRESO realizó una serie de publicaciones en la que develó montos, los nombres de los embajadores que firmaron los contratos y el silencio de los exfuncionarios frente a este servicio que le costó a las arcas del Estado 6,9 millones de euros entre el 2012 y el 2021. El escándalo empujó a Del Cioppo a dimitir de la designación, sin embargo ahora es embajador de Ecuador en Catar.

El informe de Contraloría revela otros detalles de la firma de los contratos como, por ejemplo, uno firmado el 1 de mayo de 2016 entre la Embajada y Mi País Consultores. Esta última fue constituida el 26 de abril de 2016, es decir cuatro días antes de suscribir el contrato, y cuyo representante legal fue nombrado el 3 de mayo de 2016 y consta como único socio. El representante legal, según ya lo publicó EXPRESO, es Walter Jaramillo Mena, quien también consta como representante legal de Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa e Intecon Iberoamérica, dos empresas también beneficiadas por otros contratos.

Estas mismas tres empresas vinculadas a Jaramillo Mena, según otra de las conclusiones a la que llegó el informe del ente de control, recibieron pagos por servicios administrativos y variables sin justificación por un monto e 1’305.714,37 dólares. “Debido a que no se requirió las facturas que demuestren los gastos efectuados... por estos servicios, sin verificar su efectiva ejecución”.

En un comunicado con fecha 15 de febrero de 2022 remitido por el gerente de las tres empresas al equipo de control que redactó el informe, responde que los contratos se someten a la jurisdicción española y que se cumplieron en “estricto apego a lo estipulado en cada uno”. La respuesta no convence al equipo de control porque el gerente no presenta la documentación alguna que permita evidenciar la fecha de entrega de los informes o el desglose de las facturas en donde se demuestra los valores cobrados y los gastos variables.

OTRAS CONCLUSIONES 

• Sin archivo completo. Una de la conclusiones del informe es que la documentación de sustento de los pagos para brindar el servicio no se mantuvo completa y no fue archivada cronológicamente “debido a que los jefes de la oficina en el exterior no emitieron disposiciones para su adecuada conservación... lo que limitó el análisis”.
• Las cifras no cuadran. Otra de las observaciones es el desfase de cifras de asesorías, acompañamientos y gestiones prestadas por las empresas, por lo que no contó con los medios para contrastar lo contratado frente al servicio prestado. El ente concluye que los servidores no verificaron ni validaron la información.
• Los contratos incluyeron IVA. Pese a que los servicios de asistencia psicosocial, según la ley española, no graven IVA, este se gravó en los contratos. En las proformas enviadas y en los formularios de cotización, según el informe, consta el valor del contrato, “evidenciándose que existió un error respecto del IVA, el cual no fue pagado”.