La Fiscalía argentina solicitó ayer la apertura de una investigación contra el presidente Mauricio Macri y otros altos cargos de su Gobierno por la firma de un decreto que incluye a los familiares de funcionarios públicos en una ley de blanqueo de capitales que ya fue aprobada en el Congreso.

El fiscal federal Guillermo Marijuán hizo lugar a una denuncia penal presentada la pasada semana por la legisladora de la agrupación izquierdista Libres del Sur Victoria Donda, en la que acusó a Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de abuso de autoridad y de excederse en los deberes de funcionarios públicos.

El representante del Ministerio Público Fiscal entregó su dictamen al juez federal Ariel Lijo, en el que consideró que debe ser impulsada una investigación con base en la denuncia de Libres del Sur, y pidió medidas de prueba relacionadas con la ley y el posterior decreto, explicaron fuentes judiciales.

El cuestionado decreto especifica que podrán sincerar activos solo aquellos familiares que puedan probar que esos bienes fueron incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar. El decreto modifica así la ley vigente, aprobada hace cinco meses, que excluía del llamado “sinceramiento fiscal” a los familiares de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que ejercieron desde el 1 de enero de 2010.