Fiscalía ejecutó allanamientos en investigación derivada de caso que salpica a exjuez
Los allanamientos se realizaron en cuatro provincias del país. La investigación es sobre presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General del Estado sacudió cuatro provincias este 1 de abril de 2026 con operativos simultáneos por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. Los allanamientos, que se extienden desde Guayas hasta Pichincha, rastrean las huellas de un incremento patrimonial injustificado vinculado a un exjuez anticorrupción. ¿Qué hallaron las autoridades en las propiedades intervenidas?
Allanamientos por presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos este 1 de abril de 2026 en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según informó el Ministerio Público, los operativos se realizaron de forma simultánea en las provincias de Manabí, Pichincha, Los Ríos y Guayas, como parte de una instrucción que busca determinar el origen de fondos no justificados.
Indicios recabados en los operativos nacionales
Durante las intervenciones, los agentes fiscales y de la Policía Nacional lograron recopilar elementos que serán integrados a la cadena de custodia. Entre los indicios recabados en los allanamientos se encuentran:
- Computadoras portátiles y dispositivos electrónicos.
- Teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.
- Pasaportes de Ecuador y España, que sugieren una posible facilidad de movilidad internacional.
Esta investigación previa inició en abril de 2025 y se deriva de un proceso anterior por asociación ilícita que salpica directamente a un exjuez anticorrupción de Pichincha, quien habría utilizado su cargo para beneficio personal.
¿Qué dice el COIP sobre el enriquecimiento ilícito?
El delito de enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa señala tanto a servidores públicos como a personas con potestad estatal que incrementen su patrimonio de forma injustificada.
La ley establece sanciones severas dependiendo del monto del incremento patrimonial:
- Pena de 7 a 10 años: Si el incremento es superior a 400 salarios básicos unificados.
- Pena de 5 a 7 años: Si el patrimonio injustificado oscila entre 200 y 400 salarios básicos.
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