Ocho meses después de mantenerse libres de restricciones, cinco exfuncionarios y proveedores de la Prefectura del Guayas deberán cumplir medidas cautelares y reales dictadas dentro del proceso penal que se abrió por el delito de tráfico de influencias, en el que estuvo involucrado el fallecido exprefecto Carlos Luis Morales.

Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, puso en ejecución la disposición que dictó un tribunal de la Sala Especializada Penal, que aceptó un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, en contra de la resolución que emitió el funcionario el 14 de diciembre de 2020. En esa fecha dictaminó sobreseimiento a favor de los cinco procesados que quedaban en el caso, denunciado durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, en 2020.

Los magistrados revocaron la decisión de Ordeñana y llamaron a juicio a:Cecilia Honce Galeas y Nelson González Torres, en el grado de autores;  Ana Guacho Amaya, José Luis Vásconez Cortez y Mary Mendoza Muñoz, en calidad de coautores.

Además dispusieron que se mantengan todas las medidas cautelares de carácter personal y real que estaban vigentes antes del llamado a juicio. Estas son: prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y colocación del dispositivo electrónico. Esto, previo al juicio. Ordeñana exhortó a los procesados para que cumplan con la aplicación del grillete, caso contrario les advirtió de las medidas que se podrían tomar.

La Sala Penal aceptó el recurso de apelación que interpuso Karla Vélez, fiscal provincial de Manabí, en cuanto a cinco de los seis procesados que fueron sobreseídos por Ordeñana. A una sexta persona se ratificó la decisión del presidente de la Corte.

El caso se generó tras los allanamientos que ejecutó la Fiscalía en las instalaciones de la Prefectura del Guayas, en mayo de 2020, por denuncias que se presentaron a nivel nacional relacionadas con presuntos actos de corrupción en entidades públicas, en la adquisición de insumos para combatir la COVID-19.

El 3 de junio del mismo año, la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional ejecutó varios allanamientos con orden de detención en contra del Carlos Luis Morales, quien en ese entonces estaba al frente de la entidad, a través de la cual había suscrito un contrato que supuestamente implicaba a familiares cercanos, quienes fueron desvinculados del caso.