Desde el 5 de enero pasado se realiza en la Corte del Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn, el juicio por lavado de activos y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero contra de Javier Aguilar, exdirectivo de Vitol, una de las compañías comercializadoras de materias primas más grandes del mundo.

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Como testigos, la fiscalía norteamericana ha presentado una larga lista de testigos, exfuncionarios y consultores de energía, entre estos a los ecuatorianos Antonio Peré y Nilsen Arias. Este último fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa.

Ellos se han declarado culpables de recibir sobornos de la empresa Vitol. Ellos también ha señalado que Aguilar pagó cimas a Arias y a Xavier Rodríguez, exsubsecretario del Ministerio de Hidrocarburos.

El 24 de enero de 2024, la defensa de Aguilar solicitó al juez Eric N. Vitaliano que le permita interrogar a los testigos “sobre lo que los fiscales o agentes del gobierno pudieron o no haberles dicho, ya sea directamente o a través de un abogado; y cualquier conversación sobre planificación fiscal no privilegiada que hayan tenido con sus abogados”, escribió el abogado de Aguilar, Daniel R. Koffmann.

El argumento de Aguilar es que los testigos pudieron conocer “hechos no privilegiados”. Es decir, hechos de los que no son testigos directos, sino que conocieron a través de sus abogados o fiscales. “Dicho testimonio es admisible para mostrar el posible sesgo y motivación de un cooperador para testificar falsamente para incriminar al Sr. Aguilar”.

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