El ecuatoriano Vicente Hipólito Arce pidió este lunes 5 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado y que establezca medidas de reparación por su supuesta detención ilegal y agresiones que sufrió en el marco de un operativo antidrogas en 1995 en su país.

Arce relató en una audiencia de la CorteIDH que al momento de su detención "nadie me mostró una boleta de detención" y que estuvo 3 años en prisión preventiva, periodo en el que no recibió atención médica adecuada, estuvo recluido en pobres condiciones sanitarias y fue incomunicado por varios días.

Después de salir de la cárcel, recordó Arce, intentó rehacer su vida como profesional en el área de compras e importaciones, pero "nadie le daba trabajo a un exconvicto".

"A la Corte Interamericana le diría que considerara que el daño que se me ha hecho en mi vida profesional, social, laboral y familiar, sea en algo reparado, no solo a mí, sino para mis hijos, para que sepan que su padre fue objeto de una especie de retaliación y de una violación de sus derechos", declaró.

Este caso se refiere a la alegada detención ilegal y arbitraria de Walter Ernesto Reyes Mantilla, Vicente Hipólito Arce Ronquillo y José Frank Serrano Barrera, además de violaciones a sus derechos en el contexto de una detención y procesos penales a raíz de unos operativos antidrogas, detalla la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la CorteIDH.

El asesor de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Erick Acuña, dijo en la audiencia de este lunes que el caso se genera a raíz de la "problemática de la aplicación de la Ley sobre sustancias estupefacientes en la década de 1990 que generó detenciones ilegales y arbitrarias y afectaciones a la integridad personal, y procesos sin garantías judiciales".

Acuña afirmó que las 3 detenciones a las que hace referencia la demanda no contaron con órdenes judiciales y no se informó a los detenidos los motivos de su arresto.

Dos de los detenidos fueron absueltos y las órdenes de prisión preventiva se extendieron por plazos irrazonables de 3 años sin que fueran revisadas, comentó Acuña.

"Las detenciones fueron ilegales y arbitrarias en tanto el Estado no acreditó la emisión de órdenes judiciales ni alegó flagrancia", agregó el representante de la CIDH.

Acuña también señaló que el Estado violó los derechos a la integridad personal debido a actos de violencia y hostigamiento, y las precarias condiciones de detención que sufrieron los tres detenidos.

La representación del Estado ecuatoriano, encabezada por el abogado Alonso Fonseca, basó sus argumentos en que Arce fue condenado por complicidad en los delitos de "conversión y transferencia de bienes" y que las detenciones fueron legales porque fueron ordenadas por autoridades competentes y bajo la ley de la época.

El Estado también aseguró que se siguieron las garantías procesales básicas y que hubo dictámenes del Ministerio Público a favor de los detenidos que derivaron en que Reyes y Serrano fueran sobreseídos.

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