Ecuador y la UE sellan pacto antidrogas: ¿respuesta estructural o reacción tardía?

Ecuador activó un nuevo frente de cooperación con la Unión Europea para enfrentar el consumo de drogas. La vicepresidenta María José Pinto y la embajadora Jekaterina Dorodnova firmaron una carta de compromiso enfocada en prevención, regulación y control. El acuerdo propone una intervención integral basada en evidencia. El anuncio, sin embargo, abre el debate sobre su oportunidad. Surge la duda de si es una respuesta estructural o tardía.

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La iniciativa incluye fortalecer sistemas de información, monitorear el mercado de drogas y aplicar estrategias sanitarias y sociales. El Gobierno la presenta como un paso hacia un enfoque más estructural. Busca superar medidas aisladas y atender el consumo como un fenómeno complejo. Pero el aumento de casos genera dudas sobre su impacto real. La cooperación internacional aparece como apoyo clave, aunque con retos en su ejecución.

Con el fin de conocer más a detalle los alcances y la implementación de esta cooperación, EXPRESO solicitó una entrevista al MSP, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta; en contraste, la Embajada de la Unión Europea sí atendió el requerimiento.

¿En qué consiste el acuerdo entre el MSP y la Unión Europea?

El acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y la Unión Europea se sustenta en un enfoque integral frente al problema de las drogas, que busca ir más allá de respuestas punitivas. La embajadora destacó que la estrategia incorpora dimensiones sociales, sanitarias y preventivas, articuladas a nivel institucional. “No hablamos de una respuesta militarizada, hablamos de un enfoque integral que incluye prevención, salud pública, inclusión social y derechos humanos”, señaló.

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Consultada sobre si esta iniciativa llega de forma tardía frente a una problemática que se arrastra desde hace años, sostuvo que el momento es oportuno, en medio de un contexto de violencia creciente en la región. “Creo que ahora es el momento (…) estamos en una nueva fase del programa hasta 2029 y el problema en Ecuador es muy serio, con nuevas sustancias que afectan gravemente a nuestras sociedades”, afirmó, al defender la continuidad del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad III) en el país.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la creación de una comisión de análisis e investigación (similar a los observatorios de drogas en Europa) que permita generar evidencia y monitorear el fenómeno. “En la Unión Europea prácticamente todos los estados miembros tienen estos observatorios (…) permiten trabajar en metodologías, alerta temprana y análisis de crisis, algo que podemos compartir”, indicó.

Finalmente, al ser consultada sobre posibles apoyos adicionales al sistema de salud ecuatoriano, en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas, confirmó que existen conversaciones, aunque sin mayores detalles. “Estamos completamente conscientes de la crisis que está viviendo el sistema de salud público ecuatoriano (…) estamos conversando de estos temas con el gobierno, pero no le puedo dar más detalles en este momento”, respondió.

El acuerdo de cooperación internacional en materia de drogas llega en un momento crítico para el país. Para Julieta Sagnay, psiquiatra y exdirectora del Hospital Bicentenario, la iniciativa no es oportuna, sino más bien tardía frente a una problemática desbordada. “El acuerdo llega tarde, pero es muy necesario”, señala, al advertir que “hasta ahora no hay una estrategia de prevención efectiva ni tratamiento accesible”, lo que evidencia una respuesta insuficiente del sistema de salud.

La especialista enfatiza que el problema no se resolverá únicamente con lineamientos o cooperación técnica si no existe una transformación estructural. “No existirá jamás una política de drogas eficaz sin enfoque clínico”, sostiene, y agrega que “estas estrategias no siempre llegan al paciente que consume activamente”, lo que limita su impacto real si no se traducen en acciones concretas dentro del sistema sanitario.

Como propuesta, Sagnay plantea un cambio urgente hacia un modelo integral que combine prevención y atención médica. “Se requiere una red pública con desintoxicación médica supervisada”, indica, junto con “protocolos clínicos basados en evidencia y una red de salud mental integrada”, subrayando que sin acceso real a tratamiento y Marcos Molina, médico y expresidente de la Comisión de Salud, advierte que los acuerdos y lineamientos internacionales pueden afectar la soberanía sanitaria del país, especialmente frente a decisiones de la OMS y la cooperación con la Unión Europea. “Por ejemplo, si el país no quiere vacunarse, tendríamos que hacerlo porque la OMS lo ha determinado… esa soberanía no la podemos perder”.

También enfatiza que el problema de las drogas no ha sido abordado con información ni estudios serios por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pese a decisiones tomadas en gobiernos anteriores. Afirma que, sin datos, es imposible diseñar políticas eficaces. “Nunca hicieron ningún estudio… no tienen información en el Ministerio de Salud Pública de esta situación.”

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