Ecuador aún trabaja en la consolidación de un ambiente judicial idóneo para sancionar los actos terroristas que se han registrado en los últimos años.

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Pero los esfuerzos aún parecen ser insuficientes para enfrentar a las bandas delictivas que han sembrado el terror en más de 500 ocasiones, tan solo si se cuentan las gestiones antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) entre el 2022 y 2023.

Desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha indicado a Diario EXPRESO que, desde el 1 de enero hasta mediados de abril de 2024, se han registrado 306 denuncias por terrorismo en todo el Ecuador.

De ese total, la provincia con más casos es Guayas, donde se han presentado 89 casos. Le sigue Pichincha con 53 y de ahí El Oro con 29 hechos.

Es interesante que en esos datos aparezca Azuay en cuarto lugar con 19 noticias del delito, ya que es considerada una provincia tranquila. Después de ella están Esmeraldas (18), Los Ríos (14), Manabí (14) y Napo (13 denuncias). Los demás territorios del país tienen registros de una cifra (revisar cuadro).

Por su lado, el Consejo de la Judicatura tiene en proceso un total de 435 causas penales ingresadas en todo el Ecuador durante el primer trimestre de 2024. De ese número, 81 procesos son por el delito de terrorismo, que viene a ser el 19 % de todos los casos ingresados en esta materia penal.

Sin embargo, quienes pueden resolver dichos procesos son apenas 23 jueces, quienes han sido nombrados desde el año 2022.

La orden se desprende de la Resolución N.° 190-2021 del Consejo de la Judicatura, que pidió la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado.

Con dicha cantidad se podría asumir que hay prácticamente un juez para cada provincia del país (faltaría uno), pero desde la misma entidad se ha indicado que estos magistrados son de competencia nacional.

En 2022 fueron designados 14 jueces, en 2023 dos más y en 2024 han sido nombrados siete. Ellos están asignados en la siguiente forma. Ocho están en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Otros nueve jueces, en tres tribunales de Garantías Penales Especializados en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Mientras que los seis restantes cumplen actividades en una sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, también especializada para juzgar delitos relacionados con el crimen organizado en el país.

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