En Ecuador, desde el 2022, funciona la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado creadas a través de una reforma al Código de la Función Judicial. Según el texto de esa ley, los jueces anticorrupción trabajan únicamente en Quito y atenderán los casos de todo el país. 

Sin embargo, en la práctica no era posible: casos de crimen organizado como el narcotráfico seguían tramitándose ante jueces de las ciudades en la que se cometía el delito. 

En la cita, Iván Saquicela explicó que los procesos iniciados con anterioridad al 9 de diciembre de 2022, siguen en trámite con los jueces que avocaron conocimiento inicialmente, sin importar jurisdicción. 

Pero todos los casos posteriores a esa fecha serán remitidos a jueces anticorrupción. Especifican que si uno de esos delitos se tramita en otro territorio, el juez de ese territorio tiene la obligación de inhibirse y pasar el expediente a los magistrados especializados. 

También, Saquicela expone que si la Fiscalía tiene elementos respecto a una investigación de delito de corrupción, crimen organizado, allanamientos u otras diligencias, la propia entidad deberá hacerlo ante los nuevos jueces radicados en Quito. 

En el caso de delitos flagrantes, las autoridades podrán hacer uso de medios electrónicos o telemáticos para el traslado de los elementos de convicción y la realización de la audiencia de formulación de cargos y así evitar el retraso del proceso. 

En la resolución, además, se sugiere que se nombren más jueces anticorrupción de primer nivel. 

A la cita asistió el Ministro del Interior, Juan Zapata; Wagner Bravo, Secretario de Seguridad Pública; Paco Moncayo, consejero Presidencial en temas de seguridad; Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República. 

También formaron parte los jueces anticorrupción y los magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional. Los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, Fausto Salinas y Nelson Proaño, respectivamente.