Una preocupación para el sector de bienes raíces. De aprobarse la reforma tributaria como está, desde enero de 2024, los ecuatorianos tendrán que pagar Impuesto a la Renta cuando vendan sus terrenos, comercios, locales y oficinas, aseguró la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), a través de un comunicado.

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El artículo 24 del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo de Daniel Noboa elimina, dice Apive, la Disposición Transitoria Décima Quinta que permitía extender la exención del pago del Impuesto a la Renta por cinco años, hasta el 2026, por la enajenación ocasional, es decir, ventas de inmuebles realizadas por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus bienes accesorios como parqueos, bodegas y similares, y terrenos.

Incluso, dice Apive, cuando personas vendan sus viviendas, en muchos casos, con el texto actual del proyecto de ley tendrán que pagar hasta decenas de miles de dólares en este nuevo impuesto.

Según Apive, el cambio planteado en el proyecto de ley “parece ser un error de redacción” que afectará el patrimonio de los hogares y empresas, limita su progreso y bienestar.

Apive considera que hay un error en la redacción del proyecto de ley porque, por un lado, busca dar beneficios al sector como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de dinamizarlo. Y por el otro lado, se busca cobrar el Impuesto a la Renta, lo cual puede quitar liquidez a todo el segmento y afectar su actividad, aseguró Jaime Rumbea, director ejecutivo de Apive.

Además, dice Apive, el cambio legal traslada al Servicio de Rentas Internas (SRI) recursos de los hogares y liquidez que el sector de la construcción podría destinar a reactivar el empleo.

Apive cita un ejemplo de cómo funcionaría la ley, de entrar en vigencia: Un ciudadano que compró en el año 1996 un terreno valorado en 50.000 dólares, tiene un cliente dispuesto a pagar 100.000 dólares en enero de 2024. Cuando cierre el negocio, el vendedor tendrá que pagarle al SRI 6.000 dólares y no podrá comprarse un bien igual o mejor al vendido.

“Esa es liquidez que se retira del sector, que se le retira a los ecuatorianos e impide su progreso social”, dijo Rumbea.

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