Plan económico de Ecuador: con buenas señales, pero sin contundencia

Con la eliminación del subsidio a la flota atunera como bandera, el Gobierno ha dado sus primeros pasos hacia una política fiscal más austera. Sin embargo, los $500 millones que generarán esta y otras medidas iniciales continúan siendo ‘tibias’ para sostener un 2025 en el que también se apuesta por la inversión pública como motor de reactivación económica.

El Gobierno inició esta semana con el anuncio de reformas, entre las que destacan la eliminación de subsidios a la flota atunera, un ajuste de tarifas eléctricas a grandes empresas y un gravamen a la minería. Para Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, estas medidas gubernamentales representan “un arranque político más que económico”.

Si bien son anuncios que ahora garantizan una recaudación mínima, Ortiz cree que podrían marcar un precedente del rumbo económico futuro. “Sirven para cuando mañana el Gobierno tenga que ir a limitar el subsidio de combustible para otros segmentos y focalizar el transporte, poder decir: ‘Esto ya lo hicimos con los empresarios, hay que avanzar en esto’”, analiza.

Sin embargo, reconoce que aún se esperan medidas más concretas para saber cómo el régimen enfrentará los desafíos económicos de este año.

Un déficit de $ 3.000 millones: expertos discrepan

La ministra de Economía, Sariha Moya, en su primera aparición pública en una entrevista con Teleamazonas, estimó ayer que el 2025 podría terminar con un déficit fiscal en torno a los $3.000 millones, un cálculo que lejos de tranquilizar, generó controversia.

Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, la cuestiona: “Esta cifra es absurda, no se sustenta en nada. Si el déficit fue de $1.529 millones hasta mayo (ver gráfico) y faltan ocho meses por ejecutar el presupuesto, es difícil que cerremos con un déficit de $3.000 millones a fines de año”.

Ortiz coincide con Carrera en creer que el déficit final podría bordear los $5.000 millones. La brecha, intuye el exministro, podría darse por la forma en cómo se registre y ejecute el presupuesto. Si bien este año, por ley, deben reportarse los rubros pendientes para educación y salud al final del 2025, explica el exfuncionario, “habría que ver si el Gobierno ejecuta ese gasto o decide ‘patearlo’, como ya se viene haciendo algunos años”.

Para los analistas, es difícil pensar en un déficit de apenas $3.000 millones, cuando este año se apuesta por incrementar la obra pública como vía de reactivación.

“Por eso hay que aclararle al país cómo va a impulsar la inversión pública con un déficit que en realidad es gigante”, alerta Carrera. Según sus cálculos, en los últimos cuatro o cinco años la inversión real del presupuesto estatal promedió apenas los $450 millones anuales, mientras que en todo el sector público no financiero el promedio fue de $2.000 millones cada año desde 2020.

“El Estado no tiene posibilidades de incrementar, de hacer que la inversión pública impulse el crecimiento de la economía. Entonces, aquí lo que hay que hacer es alentar el sector privado”, sugiere Carrera, quien exige que el Gobierno explique también cómo hará para incentivar la inversión privada.

Expectativa en mercados

Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, reconoce que las medidas preliminares hablan de “una dirección correcta”, pero advierte que aún están lejos de allanar el camino para alcanzar las metas planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Para poner un poco en contexto, el programa con el Fondo originalmente preveía un ajuste de alrededor de dos puntos del PIB entre este año y el que viene. A eso debe sumarle el impacto que tiene la caída del precio del petróleo, que puede ser casi un punto más. Y esto que se ha anunciado no llega a medio punto, falta mucho más”, precisa Arreaza.

Una mayor claridad del futuro económico podría darse en agosto, cuando el Gobierno presente el presupuesto nacional previsto para este año. Este documento, dice Carrera, debería dar una pauta de lo que aún no se ha dicho: los ingresos realmente esperados para inyectar nuevos capitales a la economía, transparentar las medidas tributarias futuras que se harán, cómo se ajustará el gasto corriente y los subsidios a la seguridad social.

El consenso entre los expertos es claro: todavía hace falta un plan integral que defina cómo Ecuador enfrentará sus desafíos fiscales, mientras intenta impulsar el crecimiento económico en un escenario de recursos limitados.

Ayer, Moya señaló una reforma tributaria como otra vía, además del financiamiento externo, para suplir el déficit que espera. “Lo estamos analizando... Puede ser para este año o para el siguiente”, manifestó.

Las acciones hasta ahora tomadas, dijo, buscan que las “finanzas públicas sean sanas y sostenibles. Nuestro principal objetivo es generar crecimiento para la producción, crecimiento para el comercio, para las exportaciones. Pero para eso también es necesario tomar acciones que nos permitan hacer que nuestros ingresos puedan costear nuestros servicios públicos, que finalmente es nuestra razón de ser”.

Para Arreaza, esa sostenibilidad debe estar atada a la exploración de espacios donde aún es posible aplicar mejoras de ingresos.

“El subsidio es el área donde hay mayor posibilidades. En la parte impositiva se anuncia la reforma tributaria, pero al menos como está planteada originalmente en el acuerdo con el FMI, esta sería una reforma relativamente pequeña. El fin sería compensar las medidas de recaudación que se aplicaron el año pasado y que hoy no existen porque fueron medidas transitorias. Hay otros temas como la apertura del registro del catastro para la inversión minera, pero eso tendrá resultados más a mediano y largo plazo”, sostiene.

Volver al mercado de bonos

Para el próximo año, 2026, el Gobierno planifica regresar a la emisión de bonos soberanos como una nueva fuente de financiamiento.

Así lo indicó la ministra de Economía y Fianzas, Sariha Moya, ayer en entrevista televisiva. “Nosotros planeamos regresar al mercado de bonos el siguiente año. La entrada sería en una parte con bonos que son garantizados por multilaterales”, mencionó.

Aunque la ministra indicó que el Gobierno tiene la intención de dejar de depender de los financistas y ser “autosuficiente”, la emisión de bonos sería un nuevo mecanismo de endeudamiento desde los multilaterales como el FMI. Ya se tiene previsto recibir tres desembolsos de $410 millones para este 2025.

El plan de emitir bonos se da tomando en cuenta que, tras la reelección presidencial de Daniel Noboa, los bonos soberanos de Ecuador registraron en abril un repunte significativo de casi el 30 %, lo que además ayudó a una caída del riesgo país. VLQ

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