José Antonio Contreras, gerente de Contecon Guayaquil, habla de lo que él considera un perjuicio no solo para la empresa, sino para el Estado, el otorgamiento del permiso de operación a Inarpi (Fertigran-TPG).

¿No se midieron los riesgos cuando decidieron hacer la oferta para la concesión del puerto de Guayaquil?.

Cuando uno invierte espera seguridad jurídica. Y la situación hoy no es ni parecida a la de 2006.

En el año 2006 ya estaba operando TPG.

Es falso. En TPG no había un contenedor hasta el año 2007. En 2006 no había ni una grúa, pero más allá de esto, en nuestro contrato, como no puede ser de otra manera, efectivamente reconocemos la competencia, pero esa competencia también, lo dice el contrato, debe ser legal y justa. Si el Estado deja que esa competencia desleal e ilegal crezca tendría responsabilidades no solo con nosotros, sino con todos los demás concesionarios; nosotros somos los más afectados. Los números hablan solitos. $ 28 millones pagamos en el año 2016 por canon fijo, variable y Subsecretaría de Puertos; Inarpi año 2017, que ya tenía un volumen grande, $ 3 millones. En 2019 en que ellos tuvieron el mismo volumen que nosotros, para que se haga una idea de la gravedad, pagamos $ 24 millones y ellos pagaron $ 4 millones.

Las navieras también dirán dónde voy yo, a dónde está el servicio público garantizado por el Estado, donde está la concesionaria, la infraestructura, que un competidor que sale después; el hecho que ustedes sean los delegados del servicio público ¿no les da una ventaja adicional que compensa el no poder bajar la tarifa?

En 2007 sí había unos pequeños puertos que se crearon para mover la carga de sus dueños y luego estaba el gran puerto público que delegó y concesionó el Estado, que es Ictsi. Han crecido exponencialmente estos puertos con un permiso, que son dos hojas; nuestro contrato de concesión tiene más de 500 hojas. El grupo SAAM o Inarpi es un operador portuario y además una naviera que es Hapag Lloyd, perfecto, eso técnicamente la ley de competencia no lo permite; el reporte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado dice por favor analícese la integración vertical de los operadores portuarios. ¿Lo ha hecho alguien?, no, por qué, porque no interesa. Esta es la realidad

¿Por qué el Estado no reclama? O lo sabe y no reclama porque tiene intereses ocultos, estamos hablando de corrupción, si es así y ¿lo tienen claro?

No ¿corrupción? cómo voy a tener claro la corrupción; yo solo sé los hechos y los hechos son los que hemos contado y son contrastables.

SOBRE LA EMPRESA. Desde el 2007 Contecon Guayaquil S.A. filial del grupo filipino Ictsi, ganó la concesión en un proceso internacional del puerto estatal Simón Bolívar. Ese contrato ha sido renegociado dos meses, la última, el 2019. Según la empresa, ha invertido $ 350 millones más otros 150 millones por arrendar terrenos más otros $ 140 millones por servicios públicos, más impuestos. “Pagamos 200 % más que Inarpi y manejamos el mismo volumen”.