Entre una semana y 15 días podría tomar la devolución del dinero de más del 90 % de los depositantes de la cooperativa en liquidación forzosa, Juan de Salinas, de Quito. Todo depende de que la liquidadora de la entidad reciba la información que deben proveer los administradores de la institución. 

Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, indicó que no pueden poner una fecha para la devolución de los recursos porque el arranque dependerá de la entrega de la información y la validación de las bases de datos. 

Habrá varias fases. Una primera será para los cuentahorristas que tengan hasta 5.000 dólares. "El Cosede cubre en un primer momento, casi inmediato al 93 % de depositantes con el pago del seguro de depósitos", indicó. Todos esos socios quedarán pagados con hasta el 100 %. Una valoración de la cooperativa determinó cuál era esa cartera y con su venta se aspira elevar el número hasta superar el 99 % de los depositantes. Tampoco hay fechas. Solo nueve personas quedan por fuera de esas previsiones porque entre todos alcanzan 604.000 dólares deberán esperar el proceso de liquidación para recibir el dinero.

Sobre la cooperativa Juan de Salinas, la funcionaria señaló que durante todo el tiempo de su gestión el dinero estuvo bajo responsabilidad de los administradores.   En octubre de 2017 ante deficiencias que afloraron, la Superintendencia se acercó a sus directivos para ofrecerles canales de conversación para que entidades apoyen a la cooperativa con un proceso de fusión. Pero los administradores la descartaron. 

En marzo de 2019 hubo un segundo intento, debido a un mayor deterioro de la cooperativa. Por ello anuncian que en el futuro considerarán esa posibilidad de fusión. Un tercer acercamiento ocurrió en octubre de 2020, ese año hay otra aproximación y los administradores anuncian que en el primer trimestre de 2021 considerarán la fusión. Pero, Hernández recalcó que por el nivel de riesgo la cooperativa ya fue colocada en un plan de supervisión intensiva en 2019. Se ejecutó en dos años pero el deber de cumplir los hitos previstos en ese plan era de responsabilidad de ellos. 

Por el incumplimiento del plan y por los altos y críticos niveles de riesgo la Superintendencia en 2021 dispusieron la liquidación forzosa pero los exadministradores interpusieron una acción de protección y un juez dispuso frenar la resolución de liquidación. Eso fue el 17 de enero de 2022. Con ello la condición financiera de la cooperativa se mantuvo de en liquidación a activa. Regresó a sus administradores, no mejor sino empeoró con una pérdida de 1.9 millones de dólares.

Hernández explica que hubo dos causales de la liquidación forzosa: el incumplimiento del plan de supervisión intensiva que mantuvo el nivel de riesgo de la entidad en alto y crítico y que los indicadores de solvencia son inferiores al 50 % del nivel requerido, expresó la funcionaria.

El martes funcionarios del organismo y un notario fueron a las dependencias de la cooperativa pero la encontraron cerrada, no hubo ninguno de los administradores. El miércoles el gerente contactó a la liquidadora pero solo para entregar la llave de la cooperativa y no con el cumplimiento del acta entrega recepción para que se dilucide la situación real. Solo cuando la base de depositantes se entregue a la Cosede se proceda a elaborar el cronograma de pagos. 

La base del seguro de depósitos para la cooperativa que está en la categoría 3 es de 5.000 dólares. La entidad en liquidación tiene 4.239 socios, de ellos 3.650 serán cubiertos con el pago del seguro de depósitos en 100 %. Entre la venta de la cartera de la entiadad y el seguro de depósitos suman 7.5 millones de dólares, casi el 99 % del total de las acreencias de 3.922 personas. Solo nueve depositantes tendrán pendiente su pago.

La entidad presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la liquidación forzosa por presumir que era fraudulenta.