La fase de construcción de la mina de Curipamba, que se prevé que sea la tercera a gran escala en explotarse en Ecuador, tendrá una inversión de 248 millones de dólares y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según las proyecciones del Gobierno.

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El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador señaló en un comunicado que la construcción de las instalaciones está prevista que comience en el transcurso de este año para entrar en operaciones tentativamente en 2026, tras haber logrado ya la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Desde sus inicios en 2010 hasta el tercer trimestre de 2023, el proyecto Curipamba ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en diversas áreas que incluyen salud, emprendimiento, infraestructura vial, deporte, educación, cultura y comunicación comunitaria.

“Esta inyección de empleo y actividad económica no solo beneficiará a las comunidades directamente relacionadas con el proyecto, sino que también tendrá un impacto positivo en regiones circundantes”, señaló el ministerio en su comunicado.

El proyecto Curipamba-El Domo se ubica en el cantón Las Naves, de la provincia andina de Bolívar, y la empresa Curimining, controlada por capitales canadienses, prevé extraer de ella cobre, oro, zinc y plata.

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Una vez en explotación sería la tercera mina a gran escala de Ecuador, junto a la aurífera Fruta del norte y la cuprífera Mirador, que extraen sendos metales desde 2019 y que han hecho que los minerales alcanzasen en 2022 un récord de exportaciones de unos 2.700 millones de dólares.

La obtención de la licencia ambiental estuvo marcada por los enfrentamientos entre manifestantes antimineros y policías que se dieron durante el proceso de consultas bajo un decreto emitido por el entonces presidente Guillermo Lasso que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y que obligó a modificar el proceso.

La empresa aseveró haber obtenido la licencia ambiental con unas consultas donde se aplicaron tanto los lineamientos marcados por la Corte Constitucional como los del Acuerdo de Escazú y otros estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo.

Ecuador lo que más busca es que se aumenten las inversiones y que se crean más plazas de trabajo para mejorar la economía del país.

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