La industria automotriz ha empezado a embragar y acelerar, pero el gran fango al que cayó en los meses críticos de pandemia no le ha permitido avanzar. En estos últimos días, las concesionarias del país han vuelto a atender al público, pero aún les embarga la incertidumbre de si podrán levantar sus ventas en un escenario donde el acceso al crédito es restringido y donde los precios siguen sin adaptarse al bolsillo de la gente, que hoy en día luce cada vez más limitado.

Algunas firmas han matizado la reapertura con estrategias, en la medida en que sus finanzas lo permiten. Hay marcas que, desde ya, ofrecen la opción de adquirir vehículos con mayor plazo de pago (hasta 72 meses), con 0% de entrada o con la alternativa de empezar a cancelar las cuotas desde enero de 2021. No obstante, se reconoce en este sector, se trata de condiciones que si bien flexibilizan el acceso a la compra no son suficientes para llegar a reanimar el consumo en esta industria que, de no ver un cambio en el mercado, prevé cerrar el 2020 con menos de 60.000 unidades vendidas, una reducción del 55% si se lo compara con el año pasado.

El confinamiento general y la restricción de demanda en época de pandemia terminó por afectar la facturación de este sector. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), solo en abril de este año, la contracción llegó a ser del 93,4%. Hoy, cuando las empresas se plantean una reactivación económica saben lo estratégico que también sería ofertar carros con precios atractivos, ajustados a la baja liquidez que se vive en el mercado; sin embargo, están conscientes de lo poco probable que es en un mercado diseñado para vender a costos altos.

La alta carga impositiva que tiene cada carro no lo permite, dice Wilson Galarza, gerente de Autolasa. En algunos casos, recuerda, “el pago de tributos llega a ser más del 100% del valor final del vehículo, tenemos la carga más alta que existe en la región”. Pensar ahora en precios más bajos en este contexto, prosigue, tampoco sería factible si se observa que la baja demanda podría seguir desalentando la producción a gran escala, el factor que ayuda a los fabricantes a ahorrarse costos y que les permite ofertar carros menos costosos. “Lo que se dice es que de aquí a dos años tendrían que subir hasta un 15% más porque ya no se tendrá la economía de escala”.

De ahí que este sector ha empezado a encender sus alarmas por el riesgo que corren las 182.000 plazas de trabajo que esta industria genera en toda su cadena de valor. “Menores ventas implica que las operaciones tengan que contraerse, tendremos empresas que ya no requerirán la misma cantidad de trabajadores por tener una operación pequeña”, advierte Genaro Baldeón, presidente de la Aeade.

Hasta el momento, la mayoría de las concesionarias ha recurrido a la reducción de jornadas, la suspensión laboral, el teletrabajo; otras (el sector aún no lo calcula) simplemente han tenido que prescindir de mano de obra. Pero una crisis sostenida puede generar mayores efectos y para evitarlo se trabaja en un plan de reactivación económica, que esta semana esperan entregar a autoridades de Gobierno.

La propuesta impulsa estrategias internas que podrían ejecutar las propias empresas, pero también reformas que para su ejecución requieren de la ayuda estatal. La iliquidez en el mercado y el alto riesgo país impiden que los bancos puedan ahora mismo reestructurar las tasas de interés que se cobran para el crédito automotriz (con un máximo del 16%), pero los actores de este mercado creen que el alivio al costo podría llegar si se consigue una reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que se paga por cada vehículo y que, según el modelo, llega a ser hasta de un 35%. Su reducción, dice Baldeón, generaría un beneficio directo al consumidor, pues se trata de un tributo que se grava al precio final. Aquí, explica, no se trata de medir cuánto el Estado dejaría de percibir por una disminución del cobro del ICE, sino de cuánto podría ganar si se factura en mayor volumen. Solo en el 2019 se transfirió $1.557 millones al Gobierno por el pago de tributos por la venta de carros nuevos.

Pero ajustar los valores a la actual capacidad adquisitiva no es la única preocupación. También lo es el costo del crédito. Para ello, el sector se prepara para, junto a la Asociación de Banco Privados del Ecuador (Asobanca), solicitar la revisión de las reservas que los bancos deben tener por el crédito que colocan en el mercado. “Los bancos tienen una calificación de riesgo y la garantía que deben tener normalmente es el del 100% para cualquier tipo de crédito, pero para el sector automotor eso sube al 150%, algo totalmente antitécnico y que data de una época en la que consideraban que a través de la restricción del préstamo se podía restringir el comercio”, dice Baldeón.

La reducción de estos índices, concuerda Galarza, permitiría que todos los bancos y las concesionarias puedan reducir la entrada que se exige en la adquisición de vehículos. Actualmente es del 35%.

El plan, por otra parte, sugiere reducir los costos relacionados con los trámites administrativos y requisitos gubernamentales, incrementar la formalización del comercio y autopartes de talleres del servicio automotriz, impulsar la transformación digital del comercio automotriz, entre otras medidas.

Este último paso dependerá de la visión de cada concesionaria. En el caso de KIA, dice su director Ricardo Rosales, esto ha empezado a aplicarse. Actualmente en la concesionaria es posible vitrinear (tienen un showroom online), cotizar y comprar de forma virtual. Las citas a la concesionarias se dan en casos puntuales. Así, se minimizan los riesgos de contagio, pero también se generan nuevos ahorros.

Para Baldeón estas medidas constituirían un rescate para el sector. Implementar solo lo del ICE y las reformas ligadas al crédito podrían desacelerar la caída para este año, ya no en un 55% como prevén, sino hasta un 40%.