La situación es más crítica de lo que parece. La aerolínea estatal no solo arrastra pérdidas, deudas sin pagar y problemas administrativos. También tiene procesos legales inconclusos y una amplia lista de errores que trataron de repararse desde finales de 2017. Solo en la Gerencia legal, como ejemplo, la administración del gobierno anterior dejó más de 1.400 acciones legales que no podían resolverse por falta de documentación y tiempo.

Luego de revisar la documentación de la aerolínea estatal, EXPRESO encontró que a inicios de 2018, el nuevo personal solicitó autorización para contratar una consultoría que ayude a despachar todas las causas olvidadas. Se trata de reclamos de usuarios, proveedores y otros socios que no fueron atendidos oportunamente. La Gerencia Legal contaba con cuatro funcionarios dedicados a atender los nuevos reclamos. Se necesitó de un consultor externo para dar trámite a las 1.400 causas represadas.

El número de casos no era el único conflicto. Según una comunicación emitida en octubre de 2018, “se identificó que se encuentran 826 procesos entre judiciales y administrativos que no se encuentran detallados, ni identificado el estado de los mismos”.

No fue todo. La estatal también debía pagar por prestadores de servicios internacionales porque el gobierno del expresidente Rafael Correa abrió rutas extranjeras sin los estudios necesarios. En un afán de mostrar opulencia -característica de las obras de la autodenominada revolución ciudadana- Tame abarcó más de lo que podía cubrir. Eso generó gastos insostenibles.

El reporte de austeridad de finales de 2019 muestra, entre otras novedades, que la aerolínea debía pagar por abogados y representación legal en Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. También se contrató, pese a que algunas rutas no eran rentables, servicios contables tributarios en países como Venezuela.

Esas mismas rutas que luego fueron cerradas generaron un gasto mensual de más de 10.000 dólares por arriendos de oficinas y bodegas. En 2019 se entregaron esos inmuebles y se produjo un ahorro anual de más de 74.000 dólares.

EXPRESO consultó con el actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas por las acciones tomadas para generar otros ahorros y evitar el desperdicio de recursos. Hasta el cierre de esta edición no hubo un reporte.

El ministro del ramo, Gabriel Martínez, señaló, en entrevista con este Diario el pasado lunes, que la estatal continúa perdiendo dinero porque los gastos superan a los ingresos.

El dato es real. De enero a abril de este año, por ejemplo, el déficit de Tame superó los 4,4 millones de dólares. Un dato alarmante porque, aunque en 2019 hubo un saldo positivo, en años anteriores hubo serias complicaciones financieras. 

En 2018, año en el que se aplicaron correctivos, la pérdida fue de 33,7 millones de dólares. En ese año incluso hubo préstamos por más de 61,2 millones de dólares. Sin ese monto, la pérdida se acercaba a los 100 millones de dólares.

El escenario determinó que el pasado 19 de mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno, anuncie la liquidación de la estatal. Ese proceso podría tomar hasta seis meses y no será total. Tame espera mantener las operaciones en rutas internas que son poco atractivas para aerolíneas internacionales.

Según el reporte de diciembre del año pasado, Tame cuenta con 932 empleados. De ese número, 13 corresponden a la filial Tame Amazonía.

El reporte de empleados también evidencia que el “18,56 % (173 colaboradores) pertenece a las áreas de los procesos de apoyo y asesoría; y, el 81,43 % (759 colaboradores) pertenece a las áreas atadas a los procesos agregadores de valor”.

Son precisamente esos trabajadores los que solicitan que la compañía del Estado no cierre sus puertas sino que sea salvada con una administración transparente.