Santiguándose y encomendando un fallo favorable a su demanda ante la Corte Constitucional, el sector privado ecuatoriano cuenta las horas por un ‘milagro’. Desde el 1 de abril de este año está prevista la entrada en vigencia de la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, que obliga al sector corporativo a enfrentar varios costos: la subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, una contribución temporal sobre las utilidades y un impuesto sobre el beneficio de bancos y cooperativas. Según un estudio de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), el impacto total neto de estas tres obligaciones significará una contracción de la liquidez de 2.158 millones de dólares.

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Es decir, “ese dinero no se dirigirá ni a reactivar la economía, ni a trabajar en la calidad de los productos, ni a incorporar mejor tecnología, ni a contratar personal, sino que irá para pago de impuestos. Cualquier incremento de estos genera una contracción económica, ya que se reducen tanto la capacidad de consumo por parte de las personas, como la (capacidad) de inversión y de generación de empleo por parte de las empresas. Todos estamos de acuerdo en que el Gobierno requiere un apoyo fiscal, pero aumentar impuestos no es la única ni la más recomendable forma de obtenerlo”, sostiene Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem).

Todo esto en un entorno ya de por sí complicado para el sector privado, ya que según los reportes de ventas (con corte al primer mes de este año) estas se han reducido. “En enero de 2024, según las últimas cifras publicadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), a escala nacional se registraron ventas por $ 16.281 millones, lo que representó una contracción del 3 % respecto a los niveles de enero de 2023, y un incremento del 14 % respecto a enero de 2019”, señalan los empresarios.

Y añaden que la situación de las empresas en 2022, año que se tomó como base para el cálculo de la contribución que exige la ley, no es la misma de ahora. “Las ventas han venido desacelerándose. Esa norma se hizo de forma retroactiva y eso demandamos a la Corte Constitucional”. Las contracciones más grandes han sido de la construcción (-8 %), manufactura (-7 %) y comercio (-4 %), según ese mismo reporte.

Para Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el gravar con más impuestos al sector privado no es la solución. Esto generará una menor liquidez, lo que dará lugar a que ciertos planes de inversión y de contratación de personal queden pospuestos. Cuando se aumentan impuestos no solamente se golpea a la actividad empresarial, sino también al consumo.

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A decir de los empresarios consultados, el impacto no será necesariamente sobre el empleo directo, sino sobre el indirecto, a lo largo de la cadena de producción. “Como empresarios, si tenemos que entregar el dinero al Gobierno, entre contribuciones e impuestos, de algún lado tenemos que sacarlo: se restringen compras, se traslada una parte al precio final (según el mercado en el que se desenvuelva cada empresa), se contraerán las utilidades. El Gobierno no ha tomado en cuenta todas estas variables”, coinciden.

Y en ese sentido, la banca también vaticina, a través de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que el crédito para el sector productivo disminuirá: habrá menos liquidez en manos de la banca, menos préstamos. De hecho, estas declaraciones van a tono con la alerta dada por el Banco Central del Ecuador (BCE), que en su informe del 5 de febrero del 2024 señala que “estas medidas afectarían el nivel de liquidez del sistema financiero, restándole capacidad para conceder nuevos créditos requeridos por los sectores productivos y los hogares. La contracción del crédito generada por la retención del IR (Impuesto a la Renta) y el impuesto temporal sobre las utilidades provocaría una disminución del crecimiento económico entre 0,4 y 1,1 % en el presente año”.

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