Colombia ha luchado contra las FARC los últimos 52 años pero aún no gana la guerra y la mayoría de los colombianos rechazó el plan del Gobierno del presidente Santos para pacificar el país. Perú, por su parte, venció al terrorismo de Sendero Luminoso en menos de doce años (1980 a 1992) y más del 85 % de su población aprobó esta victoria. ¿Por qué? Porque los peruanos se enfocaron en crear derechos para los más pobres que estaban bajo el control de los terroristas, mientras que los esfuerzos del presidente Santos culminaron en un plan enfocado en crear derechos para los terroristas. Además, el Gobierno peruano nunca compartió con los terroristas su derecho soberano para crear normas ni negoció fuera de sus fronteras sobre el control de su territorio nacional, por lo que se ganó el apoyo patriótico de sus ciudadanos. Contrariamente, Santos cedió parte de la soberanía de su país a los terroristas (zonas del territorio, representantes políticos no elegidos, medios de comunicación e impunidad); fueron tratados como iguales, en negociaciones auspiciadas por un gobierno extranjero de facto y con agenda propia (Cuba). Lo que permitió a Perú desarrollar una estrategia ganadora fue el darse cuenta de que aunque los terroristas eran extremadamente impopulares entre la gente y que no controlaban realmente grandes extensiones de territorio nacional, su éxito consistía en su habilidad para operar a partir de bastiones inexpugnables en áreas clave, donde no se los podía distinguir de la población local. Gradualmente, hacia 1990, se descubrió que agricultores y mineros pobres eran renuentes a identificar a los terroristas que convivían con ellos porque estos protegían sus derechos -documentados en 182 registros informales encontrados principalmente en localidades devastadas por la guerra. Comprendido esto, los estrategas peruanos supieron qué hacer: identificar a los líderes de las comunidades que administraban los registros; legalizar, estandarizar y armonizar los derechos de los pobladores contenidos en ellos con los de sus colindantes o los que pudieran oponérseles y, aprobar la legislación que proteja estos derechos de manera más efectiva que las armas, liberando a los pobres de tener que suscribirse a la ideología, autoridad y programas militares de los terroristas. El resto es historia: una vez que el control de los registros les fue arrebatado a los terroristas, su rol de defensores del contrato social local terminó. Unos 120 mil pobladores se unieron a las fuerzas armadas para luchar contra el terrorismo, identificaron y derrotaron rápidamente al ejército senderista en las áreas rurales, donde el 95 % de la guerra tuvo lugar. Esto enseña que se puede vencer a los terroristas si se les quita la capacidad para controlar los derechos sobre los activos de la gente, que es el factor clave en todo contrato social. La mayoría de colombianos rechazó el acuerdo de paz y hoy tienen la oportunidad de llegar a uno que empodere a las comunidades pobres y las aparte del terrorismo. Esto enviará un mensaje a todos los terroristas potenciales y vencidos de América Latina que hace tiempo buscan renacer: la paz colombiana no será un precedente para tomar sigilosamente por los caminos enredados del derecho internacional público, el poder político.