Aún no hay acuerdo en la mesa de control de precios. La dirigencia indígena plantea en su propuesta que el Gobierno Nacional vía decreto ejecutivo fije el precio mínimo y máximo al consumidor para 44 productos de primera necesidad de los 359 que conforman el Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Sin embargo, en el listado no solo figuran productos agrícolas, sino otros que son industrializados, como por ejemplo pañales desechables, papel higiénico, café soluble, aceite vegetal, entre otros. Incluso plantean que se fije un precio para la energía eléctrica y el servicio de telefonía.

El Gobierno no piensa acoger esta propuesta. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, José Julio Prado, explicó que en aquellos productos que ya han tenido procesamiento no se puede fijar ni emitir precios referenciales, por la diversidad existente y porque eso podría generar un desabastecimiento en el mercado.

“Una línea roja importante para todo el sector productivo es que no se puede hacer una fijación específica de precios de productos industriales. Se puede tener una fijación como ya existe en algunos productos agrícolas; pero estamos absolutamente de acuerdo en que hay que buscar mecanismos de mercado para buscar reducir algunos de los precios”, dijo Prado.

Si ya existe un decreto ejecutivo para controlar la especulación, se debe hacer una tabla específica, para que el control no solo quede en manos de las autoridades, sino también del consumidor final.

“Se han dado la vuelta en tres grupos donde dicen que (a) los industrializados no van a topar. No pues, aquí hay que topar a todos. Hemos demostrado que el sector agropecuario, campesino, estamos subsidiando hasta 400 veces en términos de lo que están poniendo en el mercado”, sostuvo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

En el listado también aparece el planteamiento para poner un tope al precio del consumo de energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones. No se determina el monto, al igual que con los otros productos, pero se propone que puede existir en formato popular o genérico, para facilitar el acceso a precios rebajados.

Para el economista Andrés Albuja, la propuesta está mal elaborada, porque al fijar precios referenciales a productos industrializados, se perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas, además de que podría generar fuga de inversiones. Explica que donde sí podría tener cabida la propuesta es en los oligopolios.

“Esto se puede ver en el sector de las telecomunicaciones, porque solo hay dos grandes en el país. En esta estructura de mercado sí se necesita solo voluntad política para fijar precios máximos”, explicó Albuja. El Gobierno trabajará en una propuesta que será conocida la próxima semana.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Guayaquil manifestó su preocupación por la propuesta indígena, pues de acogerse, sostienen, perjudicaría al productor formal. Manifestaron que para evitar problemas de sobreproducción o escasez se deben fijar precios por el dinamismo de la oferta y la demanda.