La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, apeló la decisión de archivar la denuncia presentada contra el periodista y cronista Roberto Aguilar por supuesta violencia política de género.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, recibió el documento el 5 de diciembre de 2023 y concedió el recurso de apelación que fue notificado a las partes el lunes 11 de diciembre.

El expediente integro de la causa será enviado a la Secretaría General del TCE para que efectúe el sorteo de un juez sustanciador y posteriormente sea el pleno del organismo el que tome la decisión de última y definitiva instancia.

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El reclamo de Atamaint es por un artículo de opinión del 27 de julio pasado bajo el título de 'Diana, levántate y anda...' en el que critica la pasividad de la funcionaria y del organismo que dirige frente a la participación en política de sentenciados y prófugos de la justicia.

Pide al TCE que se "digne aplicar la máxima sanción determinada, esto es la imposición de la multa de setenta salarios básicos unificados y suspensión de derechos de participación y dicte las medidas de reparación integral".

La causa fue archivada, en primera instancia, el 30 de noviembre y el argumento del juez fue que la funcionaria no cumplió con lo dispuesto en el sentido que debía completar y aclarar algunos aspectos de la denuncia.

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Especificamente, Ortega consideró que Atamaint incumplió el requerimiento sobre los “fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados".

Como contestación, los abogados de la presidenta del CNE (el expresidente del TCE, Arturo Cabrera Peñaherrera y el abogado Israel Cabrera) presentaron los tres númerales del artículo 280 de Código de la Democracia que hablan de violencia política de género, de forma general.

"De estas conductas se aprecia que cada una de ellas tiene sus matices propios, por lo que la exigencia del requerimiento establecido en la ley no se cumple con solo enunciarlas, sino que, quien activa la jurisdicción contencioso electoral, debe fundamentar con una expresión clara y precisa los agravios que con cada una de ellas cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados, de conformidad con la denuncia presentada".

En otras palabras, no supieron explicar con exactitud y claridad cómo se configuró el delito de violencia política de género del que acusa la presidenta del CNE al periodista.

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